El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara una medida de alto impacto para intentar frenar uno de los fenómenos que más preocupa a las autoridades en materia de seguridad: la extorsión que continúa siendo coordinada desde las cárceles por jefes de organizaciones criminales.
La estrategia contempla recuperar una herramienta utilizada hace casi dos décadas en Colombia: los llamados “buques cárcel”, embarcaciones de la Armada que permitirían mantener aislados a delincuentes de alto perfil y reducir al máximo sus posibilidades de comunicación con las estructuras criminales que continúan operando en las calles.
La propuesta busca atacar directamente el poder que algunos cabecillas conservan incluso después de ser capturados y trasladados a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya trabajan de manera articulada en la implementación de esta estrategia.
La iniciativa fue mencionada dentro de las conclusiones de las acciones que el Gobierno viene diseñando para enfrentar los principales delitos que han contribuido al deterioro de la seguridad en diferentes ciudades del país, entre ellos la extorsión.
Una estrategia que ya fue utilizada en Colombia
El mecanismo no sería completamente nuevo.
Hace cerca de 20 años, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, las autoridades recurrieron a embarcaciones de la Armada para aislar a algunos de los principales jefes de organizaciones criminales del país.
Uno de los casos más conocidos fue el de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, entonces jefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En 2007, en medio de la crisis que atravesaba el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y ante la inminencia de la extradición de varios de sus principales cabecillas a Estados Unidos, Macaco fue sacado de la cárcel de Itagüí y trasladado, bajo un amplio dispositivo de seguridad, a una fragata de la Armada ubicada en el Caribe.
El propósito era impedir que continuara ejerciendo control sobre las estructuras criminales pese a encontrarse privado de la libertad.
Una operación similar se realizó con Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, considerado uno de los principales jefes del Cartel del Norte del Valle.
Don Diego había sido capturado en septiembre de 2007 y posteriormente fue trasladado a un buque ubicado en el Pacífico, bajo el mismo objetivo de limitar sus comunicaciones y cortar sus vínculos con la organización criminal que dirigía.
La estrategia permitió sacar a los dos capos del entorno penitenciario tradicional y dificultar sus contactos con el exterior.
¿Cómo funcionarían los nuevos buques cárcel?
Aunque todavía no se han revelado los nombres de los primeros internos que podrían ser trasladados, fuentes conocedoras del proyecto señalaron que el objetivo sería concentrarse en delincuentes de alto perfil, especialmente aquellos que, pese a estar privados de la libertad, continúan teniendo capacidad para impartir órdenes a organizaciones criminales.
La iniciativa no estaría limitada exclusivamente a los responsables de extorsiones.
La intención del Gobierno sería utilizar esta modalidad contra personas consideradas de especial peligrosidad y con capacidad de mantener vínculos con estructuras delincuenciales desde las cárceles.
El Ministerio de Defensa explicó que se avanzará en la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS).
Esta estrategia pretende articular las capacidades penitenciarias del Inpec con las capacidades operativas y de seguridad de la Armada de Colombia.
El objetivo principal será aislar a los internos de sus redes criminales, reduciendo sus posibilidades de comunicación, coordinación y transmisión de órdenes.
La comunicación será el principal objetivo
Uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema penitenciario colombiano es que algunos delincuentes continúan ejerciendo poder criminal desde los establecimientos carcelarios.
A través de diferentes mecanismos de comunicación, los cabecillas pueden mantener contacto con integrantes de sus organizaciones, impartir instrucciones y, en determinados casos, continuar coordinando actividades ilegales pese a encontrarse tras las rejas.
La estrategia marítima pretende cortar precisamente esos vínculos.
La idea es que los internos permanezcan en un entorno con mayores restricciones y alejados físicamente de sus estructuras criminales, dificultando el acceso a teléfonos, redes de comunicación y contactos externos.
En otras palabras, el objetivo no sería solamente mantenerlos presos, sino impedir que puedan seguir funcionando como jefes de organizaciones criminales desde prisión.
Gobierno anticipa una batalla jurídica
La eventual implementación de los buques cárcel también podría generar una fuerte controversia jurídica.
Los abogados de los internos podrían acudir a diferentes recursos para cuestionar los traslados y alegar posibles afectaciones a derechos relacionados con el arraigo familiar, las visitas, la resocialización y las condiciones de reclusión.
El Gobierno, sin embargo, estaría dispuesto a defender la medida ante los tribunales, bajo el argumento de que se trata de una estrategia destinada a impedir que personas privadas de la libertad continúen dirigiendo actividades criminales desde los centros penitenciarios.
La discusión jurídica podría convertirse en uno de los principales desafíos de la iniciativa, especialmente si se concretan traslados de internos considerados de alto perfil.
¿Quiénes serían trasladados?
Por ahora, no existe una lista oficial de nombres de los posibles internos que serían llevados a los buques.
Las fuentes consultadas indicaron que la selección estaría enfocada en delincuentes de alto perfil y no exclusivamente en cabecillas vinculados con la extorsión.
Esto abriría la puerta a que la estrategia sea utilizada contra integrantes de diferentes organizaciones criminales que tengan capacidad de mantener operaciones desde las cárceles.
El Gobierno deberá definir, entre otros aspectos, los criterios de selección, las condiciones de reclusión, los protocolos de seguridad y la duración de los traslados.
El antecedente de Macaco y Don Diego
El caso de Macaco constituye uno de los principales antecedentes de esta estrategia.
Después de permanecer en un buque de la Armada, fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto con otros importantes jefes de las AUC. Allí cumplió una condena relacionada con delitos de narcotráfico y posteriormente regresó a Colombia para responder por delitos vinculados con hechos que no había confesado dentro del proceso de Justicia y Paz.
En años posteriores, Macaco volvió a ocupar un lugar en la discusión sobre la política de paz y seguridad del país y, durante el gobierno de Gustavo Petro, recibió el reconocimiento como gestor de paz.
Actualmente permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Una apuesta contra la extorsión desde las cárceles
La implementación de la REMAS se plantea en un momento en el que la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad para las autoridades.
En diferentes regiones del país, comerciantes, transportadores, empresarios y ciudadanos han denunciado amenazas y exigencias económicas por parte de organizaciones criminales.
En algunos casos, las investigaciones han encontrado que las órdenes provienen de personas que se encuentran privadas de la libertad.
Por eso, para el Gobierno, combatir el delito en las calles también implica atacar la capacidad de mando que algunos cabecillas mantienen desde las cárceles.
La estrategia de los buques cárcel busca precisamente romper ese esquema de mando y cortar el vínculo entre los líderes recluidos y sus estructuras criminales.
Aunque la propuesta ya está siendo trabajada entre Defensa, Justicia, Inpec y Armada, todavía falta definir los detalles de su puesta en marcha.
Fuentes consultadas señalan que el objetivo es que la estrategia pueda convertirse en una realidad en los próximos meses.
De concretarse, Colombia volvería a utilizar una fórmula que ya fue aplicada durante el gobierno de Álvaro Uribe para aislar a algunos de los principales capos del país, pero esta vez con el propósito de enfrentar un fenómeno que sigue creciendo: el poder de las organizaciones criminales que continúa operando incluso detrás de las rejas.
