El operativo está bajo la coordinación del director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, y se desarrolla por disposición del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno nacional para recuperar el control de los centros penitenciarios y evitar que personas privadas de la libertad continúen ejerciendo influencia sobre estructuras criminales desde las cárceles.
Desde primeras horas se desplegó un esquema especial para garantizar la seguridad del procedimiento, que contempla el movimiento de los internos desde el centro penitenciario ubicado en el suroccidente de Barranquilla hacia la capital del país.
El traslado se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y con participación de personal penitenciario encargado de garantizar el control de los internos durante cada una de las etapas de la operación.
La decisión se conoce en medio de la estrategia anunciada por el Gobierno para combatir la extorsión carcelaria y cortar las comunicaciones entre los principales cabecillas recluidos y las organizaciones criminales que operan en diferentes regiones de Colombia.
Uno de los principales objetivos de la nueva política penitenciaria es impedir que los establecimientos carcelarios continúen siendo utilizados como centros desde los cuales se coordinan actividades delictivas, especialmente extorsiones, homicidios, narcotráfico y otras acciones relacionadas con estructuras criminales.
El traslado de internos desde Barranquilla hacia Bogotá se suma así a las medidas que viene preparando el Gobierno nacional para aumentar el control sobre los presos considerados de mayor peligrosidad.
Operativo bajo máxima seguridad
La movilización de los reclusos exige un dispositivo especial debido a los riesgos asociados con el traslado de personas privadas de la libertad que podrían tener vínculos con organizaciones criminales.
El Inpec tiene a su cargo la coordinación del procedimiento y la aplicación de los protocolos establecidos para garantizar que los internos lleguen a sus nuevos lugares de reclusión sin que se presenten incidentes.
La operación también busca reducir la posibilidad de que durante el traslado se produzcan intentos de fuga, interferencias externas o acciones encaminadas a impedir el procedimiento.
El movimiento de los internos ocurre, además, en momentos en que el Gobierno nacional ha puesto la lucha contra la extorsión como una de sus principales prioridades en materia de seguridad.
Gobierno busca cortar el poder criminal desde las cárceles
La medida hace parte de una estrategia más amplia que pretende romper el control que algunos delincuentes mantienen sobre sus organizaciones incluso después de ser capturados.
En los últimos años, las autoridades han advertido que algunos cabecillas continúan impartiendo órdenes desde los centros penitenciarios mediante teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación.
La situación ha generado preocupación especialmente frente a la extorsión, debido a que investigaciones judiciales han establecido en diferentes casos que las amenazas y exigencias económicas pueden ser coordinadas desde establecimientos carcelarios.
La administración de De La Espriella busca modificar esa dinámica mediante mayores controles, traslados y aislamiento de internos considerados de alto riesgo.
Precisamente, el Gobierno también ha anunciado que estudia la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que permitiría utilizar capacidades de la Armada de Colombia para mantener aislados a determinados internos de alto perfil.
Esta estrategia contempla una fórmula similar a la utilizada hace casi dos décadas con reconocidos narcotraficantes y jefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, quienes fueron trasladados a embarcaciones de la Armada para impedir que continuaran ejerciendo control sobre sus estructuras criminales.
Un nuevo capítulo en la política penitenciaria
El traslado desde la penitenciaría El Bosque representa uno de los primeros movimientos que se conocen dentro de esta nueva etapa de endurecimiento de las medidas de seguridad penitenciaria impulsadas por el Gobierno.
Aunque no se han divulgado oficialmente todos los detalles sobre los internos trasladados ni las razones individuales que motivaron cada movimiento, la operación se desarrolla bajo instrucciones directas de la dirección del Inpec.
El Gobierno sostiene que el propósito de estas medidas es recuperar el control efectivo de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios sean utilizados para mantener el funcionamiento de estructuras criminales.
Las autoridades mantienen bajo reserva parte de la información relacionada con el operativo por razones de seguridad.
Por ahora, el traslado continúa bajo un fuerte dispositivo y se espera que los internos sean conducidos hasta los establecimientos penitenciarios designados en Bogotá, donde quedarán sometidos a las condiciones de seguridad determinadas por las autoridades penitenciarias.
La operación se convierte así en una nueva señal del endurecimiento de la política carcelaria del Gobierno de Abelardo De La Espriella, que busca atacar uno de los problemas más sensibles de la seguridad nacional: los delincuentes que, pese a estar tras las rejas, continúan intentando controlar sus negocios criminales desde las cárceles.
