Una demanda presentada ante el Consejo de Estado busca que la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz, pierda su investidura por presuntas incompatibilidades relacionadas con la empresa Josef Concretes Ltda., vinculada a su núcleo familiar.
La acción judicial, conocida por la prensa el lunes 19 de octubre de 2026, sostiene que la congresista habría ejercido como representante legal suplente de esa sociedad mientras ocupaba una curul en la Cámara de Representantes. Según el demandante, esta situación podría contrariar las restricciones establecidas en el artículo 180 de la Constitución Política para quienes ejercen funciones en el Congreso.
El caso tomó mayor relevancia política después del enfrentamiento entre el presidente Abelardo De La Espriella y Jay-Pang durante una visita oficial a San Andrés. En ese encuentro, el mandatario le manifestó a la congresista que conocía los negocios de su esposo, Norbert Vomblon Pomare.
Los argumentos de la demanda
El documento judicial señala que Josef Concretes Ltda. habría obtenido contratos con entidades estatales y cuestiona la participación de Jay-Pang en la estructura de representación de la compañía.
El demandante también menciona los vínculos familiares y patrimoniales dentro de la sociedad, incluidos los de sus hijos como socios, para argumentar que podrían existir intereses económicos compartidos con la representante.
La demanda plantea que la presunta incompatibilidad se habría mantenido durante el ejercicio de su cargo como congresista. Por esa razón, solicita que el Consejo de Estado examine los hechos y determine si se configura una causal de pérdida de investidura.
El artículo 180 de la Constitución establece restricciones para los congresistas, entre ellas el desempeño de determinados cargos o empleos privados y la celebración de contratos o gestión de asuntos ante entidades públicas, con las excepciones previstas en la ley.
La revisión de los contratos de su esposo
El caso coincide con los cuestionamientos sobre los negocios de Norbert Vomblon Pomare en el archipiélago. Según otra publicación conocida este lunes, en los registros oficiales aparecen cuatro contrataciones entre 2018 y 2024 que sumarían $1.709 millones.
Entre los negocios mencionados figura la adquisición de un predio en el edificio Coral Palace, en San Andrés, por cerca de $1.700 millones, dentro de un contrato de mayor cuantía relacionado con un proyecto de alcantarillado pluvial.
La Presidencia solicitó la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Por ahora, la pérdida de investidura es una pretensión judicial pendiente de decisión. Los argumentos expuestos en la demanda deberán ser evaluados por el Consejo de Estado, que determinará si existió una infracción al régimen de incompatibilidades. La presentación de la acción no implica que la congresista haya sido declarada responsable.
