Un informe publicado por El Colombiano revela los primeros resultados del plan de austeridad del gasto público implementado por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, el cual ha permitido un ahorro estimado en $54.000 millones de pesos mediante la reducción de 4.573 órdenes de prestación de servicios (OPS) en el Gobierno nacional. La estrategia fue formalizada mediante una circular de la Presidencia de la República que impone un estricto techo a la contratación estatal a partir de 2027, estableciendo que las nuevas vinculaciones de personas naturales no podrán superar el 25 % del promedio de contratos suscritos por cada entidad entre los años 2025 y 2026.
Reducción del personal contratista y mecanismos de salida
Un análisis de datos sobre el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) realizado por La Silla Vacía muestra que, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026, la nómina de contratistas de prestación de servicios pasó de 102.338 a 97.765 personas, lo que representa una disminución cercana al 4 %. Esta tendencia contrasta con los primeros meses de administraciones anteriores: durante el mismo periodo inicial, el gobierno de Iván Duque incrementó los contratos un 2 %, mientras que el de Gustavo Petro los aumentó en un 4 %.
La contracción del personal se ha ejecutado principalmente a través de dos vías:
1. No renovación de contratos vencidos: Se vencieron 11.839 contratos de prestación de servicios, de los cuales solo 1.562 volvieron a ser ocupados por las mismas personas.
2. Terminaciones anticipadas: En los primeros 61 días de mandato se registraron 1.264 terminaciones anticipadas de contratos (frente a 961 en el gobierno de Petro y 362 en el de Duque). El 50 % de estas terminaciones figuró bajo la modalidad de “mutuo acuerdo”, mientras que en un 32 % fue el propio contratista quien solicitó la cancelación del vínculo legal.
Entidades con mayor impacto en el recorte
El plan de ajuste fiscal se ha concentrado principalmente en entidades señaladas por la actual administración de acumular burocracia innecesaria:
Agencia Nacional de Tierras (ANT): Es la entidad con la mayor reducción registrada, al registrar la salida de 1.098 contratistas (1.055 por no renovación y 43 por terminación anticipada). Durante el cuatrenio anterior, el presupuesto de la ANT se había multiplicado de forma drástica, pasando de $271.300 millones en 2022 a $4,1 billones en 2024, contando a inicios de año con más de 6.200 contratistas de apoyo para una planta de solo 216 servidores públicos.
Ministerio del Interior: Encabezado por el ministro Rodrigo Lara, esta cartera reportó la salida de 557 contratistas, cuyos recursos ahorrados serán destinados al Ministerio de Hacienda o a programas sociales. Dentro del ministerio, dependencias como la Dirección de Derechos Humanos sufrieron recortes cercanos al 70 % de su personal de apoyo.
Otras entidades afectadas: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Minería también registraron disminuciones significativas en sus vinculaciones de prestación de servicios.
Perfil de los contratistas desvinculados
En cuanto a la trayectoria de las personas que salieron de la nómina estatal, el informe detalla que el 71 % comenzó a trabajar con el Estado durante la administración de Gustavo Petro; el 23 % mantenía sus vinculaciones desde el gobierno de Iván Duque; y el 6 % restante venía vinculado desde antes del año 2018. Esta medida se suma a la Directiva 04 emitida por la Presidencia, la cual exige una revisión exhaustiva sobre el cumplimiento efectivo de los objetos contractuales vigentes como parte del plan para superar la crisis fiscal del país.
