En el marco de las investigaciones por el denominado Cartel de la Toga, catalogado como el mayor escándalo de corrupción en la historia de las altas cortes de Colombia, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron efectiva la orden de captura dictada en contra del exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino Gallego. La medida privativa de la libertad se ejecutó en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema resolviera la solicitud de casación interpuesta por la defensa del exjuez, ratificando la condena de seis años de prisión dictada por su responsabilidad en hechos de corrupción judicial.
De acuerdo con lo establecido en el expediente penal y en la sentencia del alto tribunal, Tarquino y otros implicados —entre ellos juristas y abogados litigantes— se concertaron para ofrecer beneficios judiciales, frenar actuaciones y direccionar decisiones en la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales del país en favor de personas investigadas por graves hechos de corrupción, a cambio de la recepción de millonarias sumas de dinero. Específicamente, el fallo de la Corte dejó constancia de que Tarquino acordó con el entonces magistrado José Leonidas Bustos Martínez servir como intermediario dentro de la red ilegal en beneficio del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.
Con la confirmación de la sentencia condenatoria, la Corte Suprema de Justicia libró las boletas de captura correspondientes y el exmagistrado permanecerá bajo custodia en el búnker del ente investigador mientras la Sala Penal define el centro carcelario o lugar definitivo donde deberá purgar la condena. Por estos mismos hechos, la justicia colombiana también condenó a los expresidentes de la corporación Francisco Javier Ricaurte, quien actualmente cumple su pena en un establecimiento carcelario, y a José Leonidas Bustos Martínez, quien se encuentra fuera del país desde hace más de una década. En respuesta a la gravedad de las actuaciones criminales, la corporación retiró las fotografías de Ricaurte, Tarquino y Bustos del mural histórico que rinde homenaje a los expresidentes del tribunal
