El presidente Abelardo De La Espriella ordenó una auditoría de los contratos del centro asistencial tras señalar presuntas irregularidades en el manejo de recursos, equipos médicos abandonados, posibles nóminas paralelas y contratos que estarían vinculados con personas cercanas a la Gobernación.
Un contrato de fotocopiadoras por $60 millones mensuales quedó en el centro de las denuncias del Gobierno nacional sobre presuntas irregularidades administrativas en el Hospital Departamental de San Andrés. El presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas para revisar los gastos de la institución y ordenó una intervención inmediata para asumir su administración.
El pronunciamiento se produjo durante la agenda de trabajo que el mandatario desarrolló en el archipiélago, donde también se refirió a las condiciones en las que encontró el centro hospitalario y a las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder oportunamente a los servicios de salud.
De acuerdo con las denuncias expuestas por el jefe de Estado, entre los hallazgos figuran equipos médicos de alta tecnología almacenados en guacales y en proceso de deterioro, presuntas nóminas paralelas y contratos de aseo y radiología que estarían relacionados con personas cercanas a la Gobernación de San Andrés.
El contrato de fotocopiadoras llamó especialmente la atención por el monto señalado: $60 millones al mes, una cifra que, según el mandatario, debe ser examinada dentro de la revisión general de los gastos del hospital.
Auditoría a cada contrato y revisión de los recursos
Ante las presuntas anomalías, el Gobierno anunció el despliegue de un equipo forense y técnico para examinar los contratos ejecutados por el centro asistencial, verificar el manejo de los recursos y establecer si existen responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
“Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia”, advirtió De La Espriella.
El mandatario sostuvo que los hospitales deben concentrar sus recursos en la atención de los ciudadanos y rechazó que las instituciones sanitarias puedan utilizarse para favorecer intereses particulares.
La indagación preliminar también apuntaría a la presunta participación de un diputado local. Sin embargo, la información divulgada hasta el momento no identifica de manera suficiente a los posibles implicados ni establece responsabilidades individuales.
Por tratarse de señalamientos que deben ser verificados, será la revisión documental y el trabajo de los organismos competentes lo que permita determinar si existieron irregularidades en la contratación y quiénes podrían responder por ellas.
Pacientes con procedimientos represados
La revisión administrativa coincide con las dificultades asistenciales que enfrenta el Hospital Departamental de San Andrés.
Entre los problemas reportados figuran más de 3.600 estudios radiológicos represados y cirugías que habrían sido aplazadas durante periodos de hasta un año. Estas demoras afectan a pacientes que requieren diagnósticos y procedimientos para tratar sus enfermedades.
El panorama ha generado preocupación por el estado de los equipos médicos y por la capacidad de la institución para responder a las necesidades de los habitantes del archipiélago.
El Gobierno también informó que su plan de choque en salud busca atender los pendientes de más de 4.900 pacientes y reportó un avance del 35 % en la entrega de medicamentos. La cifra corresponde al balance presentado por el propio Ejecutivo y requiere seguimiento para conocer el número de personas efectivamente atendidas y los servicios pendientes.
Intervención inmediata del hospital
Durante su visita a San Andrés, De La Espriella anunció la intervención del Hospital Departamental para asumir su administración y corregir las fallas identificadas. También mencionó el avance de dos proyectos hospitalarios para la isla, dentro de un plan que contempla inversiones en infraestructura sanitaria y la modernización del aeropuerto.
La intervención busca revisar tanto la gestión administrativa como la prestación de los servicios. Su alcance y sus resultados dependerán de las medidas adoptadas, de la ejecución de los recursos y de la recuperación de la capacidad de atención.
Por ahora, uno de los puntos que concentra la atención es el contrato de fotocopiadoras por $60 millones mensuales. Para establecer si el valor corresponde a servicios efectivamente prestados y si se ajusta a las condiciones del mercado, será necesario conocer el contrato, su objeto, el proveedor, la duración, los estudios previos y los pagos realizados.
La auditoría también tendrá que determinar qué ocurrió con los equipos médicos almacenados, cómo se estructuraron los contratos cuestionados y si las presuntas nóminas paralelas corresponden a vínculos laborales irregulares.
El Gobierno aseguró que llevará las denuncias ante las instancias correspondientes para que se determinen las responsabilidades. Mientras avanzan las verificaciones, el principal desafío para el hospital será recuperar la atención oportuna de los pacientes y garantizar que los recursos públicos destinados a la salud se utilicen conforme a su finalidad.
