El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que expedirá un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La iniciativa reaviva la controversia por la delimitación marítima fijada por la Corte Internacional de Justicia en 2012.
Colombia volverá a plantear sus diferencias con Nicaragua sobre los espacios marítimos del Caribe. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2012 no puede aplicarse de manera literal y anunció que el Gobierno buscará un diálogo de buena fe con el país centroamericano.
“El fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad”, afirmó Lara en una publicación en X, en medio de los anuncios del presidente Abelardo De La Espriella sobre una nueva delimitación cartográfica del archipiélago.
El mandatario anunció que el próximo 30 de noviembre expedirá un decreto para establecer las líneas de base de San Andrés y publicar sus coordenadas en las cartas náuticas oficiales de Colombia. Según explicó, la medida busca desarrollar lo dispuesto en la Ley 10 de 1978, relacionada con la delimitación de los espacios marítimos colombianos.
“El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”, manifestó De La Espriella.
Las líneas de base son los puntos de referencia desde los cuales un Estado mide la extensión de sus espacios marítimos. El Gobierno sostiene que su trazado permitiría delimitar el archipiélago como una unidad territorial y respaldar su posición jurídica frente a Nicaragua.
Sin embargo, el alcance de la iniciativa abre interrogantes sobre sus efectos frente a una decisión judicial internacional. En su sentencia del 19 de noviembre de 2012, la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre siete formaciones insulares y estableció una nueva frontera marítima que reconoció a Nicaragua derechos sobre áreas que Colombia reclamaba. La extensión de esos espacios se ha estimado en cerca de 75.000 kilómetros cuadrados.
El fallo no transfirió a Nicaragua la soberanía sobre las islas y cayos reconocidos como colombianos. La controversia se concentró en la delimitación marítima y en los derechos que cada país puede ejercer en las distintas zonas del Caribe.
En la zona económica exclusiva, por ejemplo, Nicaragua tiene derechos soberanos para explorar, explotar y administrar los recursos naturales, además de determinadas competencias previstas por el derecho internacional. Esto no equivale a tener soberanía plena sobre esas aguas, como ocurre con el mar territorial.
El Gobierno colombiano busca que las aguas ubicadas entre las islas del archipiélago sean reconocidas como aguas interiores nacionales. La propuesta deberá examinarse a la luz de las normas internacionales aplicables y de las decisiones de la CIJ.
El anuncio deja una pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar Colombia con un decreto nacional frente a una delimitación establecida por un tribunal internacional? La publicación de coordenadas puede formalizar la posición cartográfica del país, pero no significa por sí misma que la frontera marítima fijada en 2012 haya cambiado.
Por ahora, el Ejecutivo plantea dos caminos: establecer oficialmente las líneas de base del archipiélago y abrir un canal de diálogo con Nicaragua. El desarrollo jurídico y diplomático de la iniciativa determinará si la medida modifica la posición colombiana en la controversia o si abre una nueva etapa de negociación sobre los espacios marítimos del Caribe.
