El presidente Abelardo De La Espriella pidió investigar los negocios y movimientos de Norbert Vomblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, luego del enfrentamiento que protagonizó con la congresista y la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, durante una visita a la isla.
De acuerdo con una publicación de prensa del 19 de octubre, en los registros oficiales de contratación aparecen cuatro contratos adjudicados a Vomblon Pomare entre 2018 y 2024, por un valor conjunto de $1.709 millones. Las contrataciones quedaron bajo revisión tras las declaraciones del mandatario sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos del archipiélago.
Durante el encuentro con las funcionarias, De La Espriella se dirigió a la representante y afirmó: “Estoy enterado de los negocios de su marido”. También mencionó a Coralina y advirtió que vigilaría el uso de los recursos que el Gobierno nacional destine al territorio.
Uno de los contratos bajo revisión corresponde a la compra de un predio en San Andrés. Según los registros citados en la publicación, la Secretaría de Infraestructura desembolsó cerca de $1.700 millones a Vomblon Pomare por un inmueble ubicado en el edificio Coral Palace.
El negocio hacía parte de un contrato cuyo valor total ascendía a $7.000 millones. La adquisición del terreno estaba relacionada con un proyecto de construcción del alcantarillado pluvial del distrito 4, según la información consignada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
Tras conocerse las denuncias, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitó una intervención coordinada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para examinar posibles redes de corrupción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cristina Lombana, secretaria de Transparencia, indicó que se pidió coordinar las investigaciones desde Bogotá, aplicar mecanismos de control preferente y excepcional y conformar un grupo especial que permita examinar las denuncias y prevenir posibles interferencias locales.
Por ahora, la información divulgada se refiere a contratos y cuestionamientos que deben ser objeto de verificación por parte de los organismos competentes. La existencia de esos negocios y su revisión no constituyen, por sí solas, prueba de responsabilidad penal o disciplinaria contra Vomblon Pomare ni contra la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz.
