El Gobierno Nacional confirmó que impugnará la medida cautelar expedida por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, la cual ordenó a la Presidencia y a las Fuerzas Militares suspender de forma preventiva los bombardeos aéreos ofensivos sobre campamentos donde se verifique la presencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.
Al fijar la postura del Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó severamente el alcance del pronunciamiento judicial al considerar que limita la capacidad de respuesta táctica del Estado frente a las organizaciones delictivas.
Reparos de la cartera del Interior
El ministro Lara señaló las implicaciones de la orden judicial sobre el desarrollo de las operaciones de orden público en el territorio nacional:
Obstáculo operacional: El jefe de la cartera del Interior advirtió que la restricción impuesta por el despacho de familia frena el accionar de la Fuerza Pública y dificulta la persecución estratégica de los grupos armados ilegales.
Uso del reclutamiento como escudo: El funcionario argumentó que este tipo de pronunciamientos puede ser instrumentalizado por las estructuras criminales para seguir reclutando menores e utilizarlos como “escudos humanos” e inhibir la acción de la aviación militar.
Trámite de apelación: La Casa de Nariño y la cúpula del Ministerio de Defensa acudirán a las instancias correspondientes para interponer los recursos de ley y solicitar la revisión del fallo provisional.
