El propio presidente de la República confirmó que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresaron durante la mañana a la celda de Gómez para realizar una inspección de sus pertenencias.
El procedimiento dejó un hallazgo que ahora será objeto de investigación: un teléfono celular dentro de la celda del exgobernador, elemento cuya tenencia está restringida para las personas privadas de la libertad.
De acuerdo con De La Espriella, el hallazgo llevó al Gobierno a evaluar nuevas medidas contra Gómez, incluida la posibilidad de trasladarlo a otro establecimiento penitenciario.
“Hemos tomado todas las medidas. Incluso, frente a la persona señalada como autor de las amenazas, a primera hora de la mañana entramos por el Inpec a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación para que haya el cambio. Y he ordenado que se traslade de ser necesario”, manifestó el mandatario.
La inspección ocurre apenas un día después de que el presidente ordenara reforzar la seguridad de los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y sus familias, luego de una alerta presentada por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez.
La preocupación surgió después de varios hechos que estarían relacionados con el proceso judicial contra ‘Kiko’ Gómez. Entre ellos se encuentra el hallazgo de un proyectil dentro de la oficina del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá. También fueron reportados daños en ventanales del despacho. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer el origen de los disparos y determinar quién estaría detrás de estos hechos.
El magistrado Urbano había advertido que los integrantes de la Sala Penal podrían encontrarse en riesgo debido a la condena impuesta a Gómez Cerchar. La alerta llevó a la Corte a solicitar el fortalecimiento de los esquemas de protección para los magistrados y sus familiares.
Sin embargo, hasta ahora no existe una decisión judicial que establezca que ‘Kiko’ Gómez sea responsable de las amenazas. El exgobernador, de hecho, negó tener relación con las intimidaciones y manifestó estar dispuesto a entregar declaraciones y presentar las denuncias correspondientes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
“Aquí nadie va a amenazar a la Corte”
En medio de la tensión institucional, De La Espriella lanzó una advertencia directa contra quienes pretendan intimidar a los integrantes del alto tribunal.
“Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno y ha de caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”, afirmó.
El jefe de Estado sostuvo además que cualquier intento de presionar a un juez o magistrado por el contenido de sus decisiones constituye una amenaza contra la administración de justicia.
“Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones, es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República”, señaló.
El Gobierno ya había anunciado el refuerzo de las medidas de protección para los magistrados de la Sala Penal mediante instrucciones impartidas a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Ahora, la investigación deberá establecer qué relación, si alguna, existe entre el teléfono encontrado en la celda de Gómez y las amenazas que han puesto en alerta a la Corte Suprema.
Mientras tanto, la posibilidad de un traslado del exgobernador queda sobre la mesa. De La Espriella dejó claro que su Gobierno no permitirá que desde las cárceles se coordinen acciones destinadas a intimidar a funcionarios judiciales y que cualquier evidencia que aparezca será puesta bajo investigación de las autoridades competentes.
