La medida quedó establecida en la orden administrativa de personal 26-233, expedida por la Policía Nacional el pasado 21 de agosto de 2026, mediante la cual se dispusieron movimientos de integrantes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO).
Los uniformados que hacían parte del esquema de protección presidencial fueron redistribuidos hacia departamentos y metropolitanas como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Chocó, Arauca, La Guajira, Urabá y Vichada, entre otros destinos.
El movimiento llama la atención por el perfil de varias de las regiones a las que fueron enviados los policías. Se trata de territorios que actualmente afrontan diferentes desafíos relacionados con seguridad, criminalidad, presencia de grupos armados y alteraciones del orden público.
Uno de los principales destinos es Norte de Santander, incluida la Policía Metropolitana de Cúcuta, una zona estratégica por su ubicación fronteriza y por la actividad de diferentes organizaciones armadas. En los últimos días, además, Cúcuta y municipios de su área metropolitana han registrado hechos violentos y ataques que han obligado a reforzar las medidas de seguridad.
Otros uniformados fueron destinados a departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Meta y Caquetá, donde las autoridades enfrentan distintos escenarios de violencia y presencia de estructuras armadas ilegales.
La orden administrativa contempla múltiples movimientos desde la Jefatura de Protección Presidencial hacia unidades territoriales. En varios de los casos registrados, la Policía estableció el reconocimiento de prima de instalación debido al cambio de lugar de servicio.
El traslado representa una modificación significativa para los uniformados que durante el anterior Gobierno estaban vinculados a labores especializadas de protección presidencial y que ahora pasarán a cumplir funciones en unidades desplegadas directamente en los territorios.
Sin embargo, el documento conocido no establece que estas decisiones hayan sido ordenadas directamente por el presidente Abelardo De La Espriella, ni señala que los movimientos respondan a una decisión de carácter político.
Tampoco se establece expresamente que el propósito de los traslados sea reforzar las operaciones contra los grupos armados ilegales.
Lo que sí evidencia la orden administrativa es una redistribución de personal de la DIPRO que incluye a varios territorios considerados estratégicos en materia de seguridad.
El movimiento ocurre además en un momento en el que el Gobierno Nacional ha planteado una ofensiva contra las estructuras armadas y ha insistido en la necesidad de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las regiones más afectadas por la violencia.
De esta manera, policías que anteriormente estaban dedicados a garantizar la seguridad del jefe de Estado ahora asumirán nuevas funciones en diferentes departamentos, incluidos algunos de los escenarios más complejos del país en materia de orden público.
