Una nueva propuesta de sometimiento a la justicia puso nuevamente a la organización criminal Los Pepes en el centro de la agenda de seguridad del Gobierno nacional. Digno José Palomino Rodríguez y Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’, señalados como cabecillas de esta estructura con presencia en Barranquilla y su área metropolitana, formalizaron su intención de abandonar la actividad criminal y acogerse a la justicia.
La solicitud quedó consignada en una carta radicada ante la Presidencia de la República el pasado 31 de agosto y dirigida, entre otros funcionarios, al presidente Abelardo De la Espriella y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. También fue remitida al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al senador Enrique Gómez Martínez.
En la comunicación, Palomino y Montenegro otorgaron poder a la abogada Angélica María Martínez Cujar, quien asumiría como vocera, mediadora y encargada de gestionar ante las autoridades los asuntos relacionados con el eventual proceso de sometimiento.
La propuesta no se limita a una solicitud de entrega. En los documentos conocidos se plantean compromisos relacionados con la contribución al esclarecimiento de la verdad, reparación de las víctimas, resocialización, reincorporación a la vida civil y desmantelamiento de la estructura criminal.
Uno de los aspectos que más llama la atención es la disposición expresada por los integrantes de la organización para contribuir a disminuir la violencia en los territorios donde tienen influencia. Incluso plantean la posibilidad de actuar como mediadores frente a otros grupos ilegales con el propósito de frenar enfrentamientos y hostilidades.
“Soy una persona convencida de que a través del diálogo, la verdad y la reparación podemos lograr una estabilidad y una seguridad para los territorios”, señalaron Palomino y Montenegro en la comunicación, según los documentos revelados públicamente.
Una propuesta que llega en medio de una nueva política de seguridad
La solicitud ocurre en un momento particular para la política de seguridad del Gobierno de Abelardo De la Espriella, que ha planteado una estrategia de mayor presión contra las estructuras criminales y, simultáneamente, ha dejado abierta la posibilidad de que quienes abandonen las actividades ilegales se sometan a la justicia dentro del marco jurídico vigente.
El caso de Los Pepes adquiere especial relevancia para Barranquilla y el Atlántico debido a la disputa que durante los últimos años han sostenido diferentes organizaciones por el control de rentas ilícitas, entre ellas la extorsión y el tráfico de estupefacientes.
De hecho, Digno Palomino y alias ‘Gomelo’ ya habían manifestado previamente su intención de someterse a la justicia. En julio, el entonces presidente electo Abelardo De la Espriella informó que había recibido una solicitud de ambos cabecillas y anunció que se buscaría establecer una ruta institucional para materializar su comparecencia ante las autoridades.
La nueva carta representa, por tanto, un paso adicional en esa intención y plantea de manera más concreta los compromisos que la estructura estaría dispuesta a asumir.
La decisión queda ahora en manos de las autoridades
Aunque la carta constituye una manifestación formal de voluntad, no significa que el sometimiento ya haya sido aprobado ni que los procesos judiciales existentes queden suspendidos.
La Fiscalía y el Gobierno deberán determinar las condiciones jurídicas bajo las cuales podría desarrollarse cualquier eventual proceso, así como verificar el alcance real de los compromisos planteados por los integrantes de Los Pepes.
Uno de los principales desafíos será establecer si la eventual entrega implica realmente el desmantelamiento de la organización y el abandono de sus actividades criminales, especialmente teniendo en cuenta las investigaciones y señalamientos que pesan sobre sus principales integrantes.
El proceso también tendrá como elemento central los derechos de las víctimas. La propuesta contempla mecanismos de reparación y esclarecimiento de la verdad, aspectos que deberán ser evaluados por las autoridades dentro de los procedimientos que correspondan.
¿Se abre una nueva etapa para Los Pepes?
La solicitud de Palomino y Montenegro abre un interrogante sobre el futuro de una de las estructuras delincuenciales que durante años ha tenido presencia en Barranquilla y municipios del área metropolitana.
Si el Gobierno acepta avanzar en una ruta de sometimiento, el proceso podría convertirse en una de las primeras pruebas de la política diseñada por la administración de De la Espriella para enfrentar a las organizaciones criminales.
Por ahora, Los Pepes han puesto la propuesta sobre la mesa: abandonar la violencia, aportar a la verdad, reparar a las víctimas y avanzar hacia el desmantelamiento de la estructura.
La última palabra, sin embargo, estará en manos del Estado, que deberá establecer si esa voluntad puede convertirse en un proceso efectivo de sometimiento a la justicia y, sobre todo, si se traduce en una reducción real de la violencia y las rentas criminales que afectan a Barranquilla y el Atlántico.
