Ante la reciente medida cautelar emitida por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá que ordenó suspender los bombardeos aéreos ofensivos en presencia verificada de menores, las Fuerzas Militares avanzan en la reestructuración de sus tácticas de combate para no frenar el cerco contra las estructuras criminales en regiones críticas del país, como Guaviare y la región del Catatumbo en Norte de Santander.
Fuentes de la cúpula militar confirmaron que se encuentran evaluando herramientas de ataque estratégico menos lesivas pero con alta efectividad operacional para neutralizar los objetivos de alto valor.
Opciones tácticas en análisis
Para dar cumplimiento al marco jurídico sin ceder control territorial en las zonas de conflicto, el mando militar contempla el despliegue de otros componentes de la Fuerza Pública:
Ataques de precisión con helicópteros Arpía: Apoyo aéreo cercano mediante aeronaves de la Fuerza Aeroespacial para intervenciones quirúrgicas sobre los campamentos.
Artillería de campaña: Empleo de cañones de artillería tipo Obús para batir posiciones enemigas a distancia.
Cumplimiento de protocolos: Las alternativas operacionales buscarán garantizar los principios de precaución y distinción exigidos por el despacho judicial, verificando que no existan alternativas menos lesivas antes de ejecutar un objetivo militar legítimo.
Balance de la ofensiva aérea
El condicionamiento judicial se produce tras el despliegue de cuatro bombardeos aéreos ejecutados desde el pasado 7 de agosto por la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Entre estas maniobras destacan el reciente golpe contra la estructura de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare —donde fueron neutralizados 23 disidentes—, así como operaciones dirigidas contra frentes del ELN en el Catatumbo y facciones al mando de alias Calarcá.
