En un revelador informe, se ha dado a conocer que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) incrementó significativamente su presupuesto durante el año 2023, pasando de 552.000 millones a 2.18 billones de pesos.
Este aumento, que triplicó el presupuesto inicialmente asignado, se llevó a cabo mayormente a través de resoluciones del Ministerio de Hacienda, sin un debate exhaustivo en el Congreso de la República.
Según el reporte de cierre presupuestal de la entidad, a principios del año se dispuso de 657.000 millones de pesos, pero diversas adiciones presupuestales incrementaron de manera considerable este monto. Específicamente, una ley de adición presupuestal aportó 208.000 millones de pesos, mientras que dos resoluciones ministeriales adicionales sumaron 1.4 billones de pesos más al fondo de la UNGRD.
Las razones esgrimidas para estos aumentos fueron la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en el país. Sin embargo, el manejo de estos recursos ha generado cuestionamientos, especialmente en lo relacionado con la transparencia y la ejecución de contratos. El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, gestionado como un patrimonio autónomo dentro de la UNGRD, ha sido señalado por permitir la entrega de contratos de forma directa sin la obligación de publicarlos en el Secop.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría que reveló hallazgos fiscales por cerca de 1.700 millones de pesos, incluyendo irregularidades en la contratación y ejecución de proyectos como ollas comunitarias en diversas regiones del país.
Estos muestran la necesidad urgente de revisar los mecanismos de control y fiscalización en el manejo de estos recursos destinados a la gestión de emergencias y desastres en Colombia.
