El escándalo por los títulos profesionales obtenidos por Juliana Guerrero sumó un nuevo capítulo luego de que Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, reconociera ante las autoridades su responsabilidad en la expedición de los documentos académicos cuestionados.
De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, Gutiérrez habría llegado a un preacuerdo con la Fiscalía y asumido responsabilidad por la expedición de los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública a favor de Guerrero, pese a que, según el expediente, no habría cumplido todos los requisitos exigidos para graduarse.
El reconocimiento adquiere especial relevancia porque podría convertirse en uno de los elementos centrales de la investigación que enfrenta la exfuncionaria. En una diligencia de descargos realizada en septiembre de 2025, Gutiérrez habría manifestado que tenía un acuerdo con Guerrero y que, bajo esas circunstancias, permitió que avanzara en su proceso de graduación.
En las actas del proceso, el exsecretario general habría asumido una responsabilidad “plena, absoluta e incondicional” por la expedición de los títulos cuestionados. La admisión se produjo mientras avanzaba la investigación de la Fiscalía por las presuntas irregularidades relacionadas con la formación académica de Guerrero.
Uno de los puntos que puso el caso bajo la lupa fue la ausencia de la prueba Saber Pro, requisito que, según las autoridades y la propia institución educativa, era necesario para obtener el título profesional. Tras conocerse las irregularidades, la Fundación Universitaria San José informó que retiraría el título de contadora pública otorgado a Guerrero.
El caso cobró fuerza política cuando se conoció que Guerrero aspiraba a ocupar un cargo en el Gobierno nacional. La controversia generó cuestionamientos sobre cómo una persona que presuntamente no había acreditado todos los requisitos académicos pudo obtener un título profesional y posteriormente avanzar en aspiraciones dentro de la administración pública.
La situación judicial de Guerrero también se complicó este jueves 20 de agosto. La Fiscalía tenía programada una diligencia para formalizar la acusación en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público relacionados con la obtención de los títulos, pero la exfuncionaria no asistió a la audiencia.
La aceptación de responsabilidad por parte de Gutiérrez pone ahora el foco sobre el papel que habría desempeñado cada uno de los involucrados en el proceso de expedición de los documentos. Sin embargo, será la justicia la que deberá determinar si Guerrero tuvo conocimiento de las irregularidades, si participó en ellas y cuál sería su eventual responsabilidad penal.
Por ahora, el reconocimiento del exfuncionario constituye un nuevo elemento dentro de un caso que pasó de ser una controversia sobre requisitos académicos a convertirse en una investigación penal con implicaciones para quienes participaron en la expedición y utilización de los títulos cuestionados.
