En medio de los cambios que adelanta el Gobierno de Abelardo De La Espriella en las principales entidades del Estado, el presidente tomó una decisión que rompe con la tendencia de relevar a los funcionarios de la anterior administración: ratificó al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
La continuidad del oficial quedó formalizada mediante el Decreto 1264 de 2026, con lo que Gutiérrez continuará al frente de una de las entidades más sensibles de la administración pública, ahora bajo las directrices del presidente De La Espriella y del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González.
Gutiérrez asumió la Dirección General del INPEC en septiembre de 2022, durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando reemplazó en el cargo al entonces brigadier general Tito Yesid Castellanos.
Su permanencia constituye una de las ratificaciones más llamativas dentro del proceso de conformación del nuevo Gobierno, particularmente por tratarse de una entidad que enfrenta múltiples desafíos relacionados con la seguridad penitenciaria, el hacinamiento, la corrupción y el control de las organizaciones criminales que operan desde los establecimientos carcelarios.
Durante los últimos años, la dirección del INPEC ha tenido que afrontar investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades al interior de la institución, señalamientos de posibles actos de corrupción y episodios de violencia y amenazas contra funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia.
La decisión del presidente De La Espriella mantiene, por ahora, a Gutiérrez como uno de los funcionarios que fueron designados durante la administración Petro y que continúan en un cargo estratégico bajo el nuevo Gobierno.
El reto para el oficial será ahora responder a las nuevas directrices de la Casa de Nariño y del Ministerio de Justicia, particularmente frente al propósito de fortalecer el control de los centros penitenciarios y evitar que las estructuras criminales continúen utilizando las cárceles como centros de operación.
La ratificación también pone al INPEC en el centro de la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno, que ha anunciado una política de mayor presión contra las organizaciones delincuenciales y busca cerrar los espacios que permiten que las redes criminales mantengan capacidad de coordinación desde los establecimientos penitenciarios.
Con el Decreto 1264, el Gobierno deja así una señal de continuidad en el sistema carcelario, mientras avanza en el relevo de otros altos funcionarios de entidades estatales.
