El presidente pidió acelerar el retiro de medidas que no estén justificadas y advirtió que los recursos públicos deben destinarse a personas con riesgos comprobados. Aseguró que quienes enfrenten amenazas reales conservarán la protección, sin distinciones políticas.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de identificar medidas que no cuenten con justificación suficiente y acelerar su desmonte cuando corresponda.
Durante su intervención, el mandatario cuestionó que una denuncia de amenazas en redes sociales pueda derivar en la asignación de protección estatal sin una evaluación rigurosa del riesgo.
“Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, afirmó.
De La Espriella sostuvo que no permitirá que continúen esquemas de seguridad sin fundamento y reclamó controles más estrictos sobre las decisiones de la entidad.
“No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario”, manifestó.
Revisión técnica, sin distinciones políticas
El jefe de Estado aseguró que la revisión deberá apoyarse en criterios técnicos y no en decisiones apresuradas. También hizo énfasis en que las personas que enfrenten amenazas reales deben conservar las medidas de protección, independientemente de su orientación política o de si respaldaron su candidatura.
“Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, señaló.
El mandatario pidió acelerar el retiro de los esquemas que no cumplan los requisitos, pero insistió en que el proceso debe distinguir entre las asignaciones injustificadas y los casos en los que exista un riesgo que requiera intervención estatal.
Según lo publicado por SEMANA, De La Espriella mantiene comunicación diaria con el director de la UNP para hacer seguimiento a las decisiones relacionadas con estos mecanismos.
El gasto público, en el centro del debate
El presidente relacionó la revisión con la situación fiscal del país y advirtió sobre la necesidad de controlar los recursos destinados a la protección de personas.
“Las finanzas públicas están en su peor momento”, afirmó al defender que los gastos de la UNP deben responder a necesidades debidamente acreditadas.
Los esquemas pueden implicar costos asociados a vehículos, personal de protección y otros recursos logísticos. Por eso, determinar si una medida debe mantenerse requiere revisar tanto el nivel de riesgo como las condiciones que justificaron su asignación.
El reto para la entidad será establecer controles que permitan detectar posibles irregularidades sin dejar desprotegidas a personas cuya seguridad esté comprometida.
Casos bajo investigación y preguntas sobre los criterios de asignación
La discusión sobre el funcionamiento de la UNP también se produce en medio de cuestionamientos a la asignación de esquemas de protección. SEMANA informó sobre investigaciones de la Procuraduría relacionadas con las medidas otorgadas a Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero.
La existencia de una investigación no demuestra por sí sola que las asignaciones hayan sido irregulares. Será necesario conocer las evaluaciones de riesgo, los fundamentos administrativos y las conclusiones de los organismos de control para establecer si hubo incumplimientos.
La revisión anunciada por el Gobierno deberá aclarar cuántos esquemas serán reevaluados, cuáles podrían ser retirados y qué mecanismos se utilizarán para garantizar que las decisiones estén respaldadas por evidencia.
Por ahora, De La Espriella ha fijado dos directrices: retirar las medidas que no cumplan los requisitos y mantener la protección de quienes enfrenten amenazas reales. El resultado dependerá de que la UNP aplique esos criterios con rigor, transparencia y garantías para las personas evaluadas.
