Una grave situación afecta al corregimiento de Paluato, en el municipio de Galapa, donde solo llega el 30% del agua potable que se envía diariamente a través de la red de acueducto. De acuerdo con información entregada por la empresa Triple A, de los cerca de 860 metros cúbicos diarios destinados a abastecer a esta población, el 70% se pierde en el trayecto debido a tomas clandestinas y fraudes instalados a lo largo de la línea de conducción.
Para contrarrestar esta problemática, Triple A adelantó un operativo de control y desmonte de redes fraudulentas con el apoyo de la Policía Nacional y la Alcaldía de Galapa. Pablo González Berdugo, subgerente de Redes de Acueducto de la compañía, explicó que el sistema hacia Paluato opera mediante un esquema de rebombeo con dos estaciones y un tanque intermedio. Durante la diligencia se ejecutaron 8 anulaciones de conexiones ilegales, de un total de 17 proyectadas, y el funcionario advirtió que los operativos continuarán de manera permanente para desconectar a quienes reincidan.
El desvío del recurso responde en gran parte al crecimiento urbano desordenado y a la proliferación de loteos y parcelaciones informales que no cuentan con la infraestructura ni los permisos legales requeridos para la prestación de servicios públicos. Los principales perjudicados son los habitantes de Paluato que están legalmente matriculados y pagan de forma puntual su factura, quienes sufren constantes bajas de presión y cortes en el suministro por cuenta de las pérdidas en el sistema.
Frente a esta situación, la secretaria de Planeación de Galapa, Keidys Monsalve, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra de predios que no estén habilitados para urbanizar ni dispongan de garantías de servicios básicos. Por su parte, Triple A recordó que la manipulación o apropiación del recurso a través de vías clandestinas configura el delito de defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256 del Código Penal colombiano, el cual contempla penas de 16 a 72 meses de prisión, multas de hasta 150 salarios mínimos, la suspensión del servicio y el cobro retroactivo del agua no facturada
