Los directivos sabían que sucedía sin hacer nada para evitarlo, por lo cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca niega la demanda
Lo que para muchos se imaginaron era un “Caso cerrado“, pica y se extiende tras conocerse este martes la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en negar la demanda que buscaba anular la sanción a la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, por el caso de reventa de boletas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud presentada por los directivos respecto a la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el año 2020.
En este sentido, se mantiene la multa de más de 18.000 millones de pesos en contra de la federación tras la reventa de boletas que se presentó durante los partidos que la Selección Colombia jugó de local en la recta final de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.
Los magistrados negaron las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate y Andrés Tamayo al no aportar pruebas que revirtieran la sanción por parte de la SIC, por lo que los directivos siguen como los directivos culpables del denominado “Cartel de la Boletería”.
Tras analizar la demanda, el tribunal concluyo que los implicados sí participaron en la adjudicación del contrato con la empresa Ticket Shop. Además, ellos estaban enterados del sobrecosto de las boletas para los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla.
“(Ellos) nunca ejercieron control o réplica sobre la situación que giró en torno a la reventa masivas de boletas que, como se explicó, era de pleno conocimiento de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol“, indica la sentencia.
Por otra parte, la autoridad penal señaló que Jesurún, presidente de la FCF, sostuvo reuniones con representantes de Ticket Ya, a pesar de que ellos no eran los adjudicatarios del contrato, lo que “demuestra el pleno conocimiento de la forma en que se estaba ejecutando el contrato de la boletería”.
La sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio fue impuesta a 17 personas naturales y tres agentes de mercado, quienes están implicados en el escándalo “por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva”, tal como confirmó el superintendente Andrés Barreto.
