La investigación busca esclarecer el origen y la legalidad de los recursos reportados por las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho durante la consulta interna de octubre de 2025. Entre los puntos bajo revisión figuran aportes publicitarios y créditos por cientos de millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación incautó seis teléfonos celulares durante diligencias judiciales realizadas en Bogotá y Barranquilla, en el marco de una investigación por posibles irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025.
Los procedimientos fueron ejecutados por integrantes de la Policía Nacional adscritos a la DIJIN, por orden de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y con autorización de un juez de control de garantías. Las actuaciones incluyeron registros personales a seis ciudadanos.
El objetivo es establecer si hubo anomalías en la contratación de empresas que presuntamente suministraron bienes y servicios a las campañas de los entonces precandidatos presidenciales, así como verificar quiénes aportaron los recursos y de dónde provenían.
Uno de los asuntos examinados corresponde a un aporte en especie de aproximadamente 609 millones de pesos que la campaña de Iván Cepeda reportó a nombre de Samat Publicidad S.A.S. En los registros financieros también aparece un aporte cercano a los 116 millones de pesos atribuido a Javier Antonio Pérez Páez, representante de esa compañía.
En la campaña de Carolina Corcho, los informes registraron créditos por unos 723 millones de pesos relacionados con Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., empresa vinculada al sector de comidas preparadas. Su capacidad comercial para respaldar las operaciones reportadas también está bajo cuestionamiento.
Las dudas se relacionan con aparentes inconsistencias entre la actividad económica de las compañías y los montos asociados a las campañas. Sin embargo, esos interrogantes no prueban por sí mismos la existencia de empresas fachada ni el uso de dinero ilícito.
En septiembre de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Iván Cepeda para determinar si hubo irregularidades en la financiación de la consulta. La Fiscalía adelanta actuaciones propias para reunir elementos que permitan esclarecer los hechos.
La investigación deberá establecer si las operaciones reportadas cuentan con soportes financieros y contables, quiénes fueron los aportantes reales y si los bienes, servicios y créditos declarados corresponden a transacciones efectivamente realizadas.
La incautación de los seis celulares busca obtener elementos materiales probatorios para avanzar en esas verificaciones. Hasta el momento, las diligencias corresponden a una investigación en curso y no constituyen una declaración de responsabilidad contra Cepeda, Corcho ni las demás personas vinculadas al caso.
