Por obtener irregularmente beneficios de los recursos del sistema de seguridad social entre el 2016 y el 2018, en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a tres particulares que ejercían funciones públicas como miembros principales de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, adscrita al Ministerio del Trabajo.
El ente de control comprobó que de manera continua y sucesiva, Yamile de Jesús Pérez Domínguez y Carlos Arturo Montero Araújo, se apropiaron de más de $ 233 millones, que se encontraban depositados en la cuenta bancaria de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar.
Con este comportamiento los dos particulares defraudaron las arcas públicas sin justificación alguna, solo con el interés de obtener un beneficio propio, lo que se constituyó como un incumplimiento a su deber funcional.
Así mismo, demostró que en ejercicio de sus funciones, el otro miembro principal, Eduardo Urbano Marrugo Castellón, solicitó y recibió dinero de personas interesadas en obtener dictámenes de invalidez falsos, que se utilizaron para adquirir pensiones en forma ilegal ante Colpensiones y otros fondos privados.
Tras evaluar el material probatorio recaudado en la etapa de instrucción, la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico evidenció que, este último disciplinado desconoció los principios de moralidad y responsabilidad que garantizan la función pública, entre otros.
Finalmente, en el fallo de primera instancia, el Ministerio Público calificó las faltas de los tres sancionados como gravísimas a título de dolo.
