La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre ellas presuntos favorecimientos a familiares de autoridades del departamento.
La investigación preliminar busca establecer quiénes podrían tener responsabilidad disciplinaria en los hechos denunciados. Por ahora, la apertura de la indagación no implica que se haya determinado la comisión de una falta ni que existan responsables identificados.
Entre los aspectos que examina el Ministerio Público está la contratación de bienes y servicios con terceros que, presuntamente, el propio hospital tenía capacidad de suministrar. De comprobarse, esa situación podría plantear interrogantes sobre la necesidad de los contratos y el manejo de los recursos de la institución.
La Procuraduría también busca esclarecer por qué, al parecer, no se habría adelantado la contratación necesaria para la disposición de residuos peligrosos, un procedimiento esencial para el funcionamiento seguro de un centro asistencial.
Otro de los asuntos señalados es el presunto retraso de varios meses en el pago de la nómina de los trabajadores del hospital. La entidad deberá establecer las circunstancias de esa situación y las eventuales responsabilidades administrativas.
Como parte de las pruebas, el órgano de control solicitó copias de los contratos relacionados con la prestación de bienes y servicios, además de un informe detallado sobre los mecanismos disponibles en el hospital para gestionar y disponer los residuos peligrosos.
La indagación permitirá determinar si hay mérito para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal. Entre tanto, quedan por esclarecer las condiciones en que se celebraron los contratos cuestionados, los posibles vínculos con familiares de funcionarios y las razones del presunto incumplimiento de obligaciones laborales y sanitarias.
