El Ministerio de Hacienda emitió un concepto técnico sobre el proyecto de ley 018 de 2021, el cual busca retomar una iniciativa que ya había sido tumbada en octubre del año pasado y que pretendía el traslado express de afiliados de fondos de pensiones privadas a Colpensiones, o viceversa. Según la cartera, “el traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del Régimen de Prima Media (RPM), sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad“.
Para el ministerio, las personas que se trasladan entre regímenes con requisitos cercanos a los determinados para acceder a la pensión buscan arbitrar el sistema para obtener los subsidios implícitos del RPM que le beneficiarán con el reconocimiento de pensiones más altas de las que podrían haber obtenido en el régimen anterior.
El artículo 104 señala: “Durante la vigencia 2022, se permitirá el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, siempre que sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media. Las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez”.
Además, precisa que el traslado de los recursos y de la información que corresponda, deberá realizarse en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
¿Quiénes se podrían trasladar?
Según explicó el viceministro de Hacienda, Jesús Bejarano, en el consenso llevado a cabo con los coordinadores y ponentes se incluyó este artículo que permite el traslado exprés solo de quienes tengan cotizadas más de 750 semanas en el régimen de prima media y precisó que se beneficiarían cerca de 19.000 personas .
Según el viceministro Bejarano, este traslado tendría un costo de 3.8 billones para el Gobierno Nacional. “Esto no tiene un impacto fiscal tan significativo y resuelve la situación de varios colombianos”, añadió.
Señaló que la iniciativa que cursa en el Congreso, en cambio, sí representa un costo fiscal de 35 billones de pesos para la Nación ya que busca permitir abiertamente el traslado a Colpensiones afectando las finanzas públicas.
Cabe señalar que al Presupuesto de 2022 se adicionaron 5.8 billones de pesos al presupuesto de inversión pasando de 62 a 68.4 billones de pesos.
“Respecto al proyecto radicado el pasado 29 de julio, se realizó un trabajo con el ministro de Hacienda para definir los recursos para los principales proyectos sociales y económicos. En general se logró una recomposición del gasto en favor de una mayor inversión por $5,97 billones provenientes de un ajuste por $5.25 billones en el servicio de la deuda pública y de $722.000 millones en los gastos de funcionamiento”, señala la ponencia.
