El presidente Abelardo De La Espriella anunció un cambio de orientación en el manejo del sistema de salud colombiano y advirtió que las EPS que no puedan garantizar la atención de sus afiliados enfrentarán medidas como intervención, reorganización o sustitución. El mandatario aseguró que las decisiones del Gobierno se basarán en criterios técnicos y resultados, por encima de las diferencias ideológicas.
Durante una intervención en el Ministerio de Salud, el jefe de Estado defendió la necesidad de revisar el funcionamiento de las entidades promotoras de salud, evaluar su situación financiera y determinar cuáles pueden recuperarse y cuáles no están en condiciones de continuar operando.
“Las EPS no son enemigas, las malas EPS no son intocables”, afirmó De La Espriella, al señalar que su administración no dará un trato preferencial a ninguna entidad por su naturaleza pública o privada.
El presidente sostuvo que las EPS con dificultades que puedan corregirse tendrán que presentar planes de recuperación serios. En cambio, aquellas que considere inviables, que administren irresponsablemente los recursos o que no puedan garantizar la prestación de los servicios deberán ser intervenidas sin dilación, reorganizadas o sustituidas.
“La salud vuelve a manejarse con criterios técnicos”
De La Espriella afirmó que su Gobierno buscará corregir los problemas del sistema sin reemplazar una orientación ideológica por otra. Según explicó, las decisiones sobre financiación, aseguramiento, prestación de servicios, medicamentos e intervención de las EPS deberán sustentarse en información verificable.
“Las decisiones se toman pensando en los pacientes y con fundamento en la evidencia técnica, no en dogmas políticos ni ideológicos”, manifestó.
El mandatario también cuestionó el manejo que, a su juicio, recibió el sistema durante la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro. Aseguró que su Gobierno encontró dificultades que deberá corregir y planteó una estrategia basada en recuperar lo que todavía funciona, reparar aquello que pueda mejorarse y reemplazar lo que resulte inviable.
Estas afirmaciones corresponden al diagnóstico presentado por el presidente. La magnitud de los problemas y los resultados de las medidas anunciadas tendrán que evaluarse a partir de indicadores financieros, datos de atención y resultados concretos para los pacientes.
La UPC, en el centro de la discusión
Uno de los puntos centrales de la intervención fue la unidad de pago por capitación (UPC), el monto que el sistema reconoce por cada afiliado para financiar la atención en salud.
De La Espriella sostuvo que su cálculo debe responder al costo real de atender a los pacientes y no convertirse en una herramienta de confrontación política entre el Gobierno y las EPS.
El presidente afirmó que su administración buscará establecer cuánto cuesta brindar una atención adecuada y cómo deben distribuirse los recursos para que lleguen oportunamente a las EPS, hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos y servicios médicos.
También hizo referencia a decisiones de la Corte Constitucional sobre la suficiencia de la UPC y la calidad de la información empleada para calcularla. Según su declaración, el Gobierno deberá garantizar que la metodología utilizada sea transparente, confiable y sustentada técnicamente.
La discusión sobre la UPC es determinante porque una financiación insuficiente puede comprometer la capacidad de las entidades para cubrir los servicios, mientras que una asignación adecuada exige cálculos confiables sobre costos, necesidades médicas y utilización de los recursos.
Tener afiliación no garantiza recibir atención
El mandatario reconoció que Colombia conserva una cobertura de aseguramiento cercana al 99 %, cifra que presentó como uno de los logros que deben protegerse. Sin embargo, advirtió que la afiliación no siempre se traduce en acceso efectivo a los servicios.
“Estar afiliado no significa estar atendido”, señaló.
De La Espriella mencionó las dificultades que enfrentan algunos pacientes para conseguir medicamentos, acceder a citas con especialistas y recibir procedimientos médicos oportunamente. Aseguró que la principal medida del desempeño de su Gobierno será que las personas que necesitan atención efectivamente la reciban.
Ese planteamiento pone el foco en problemas que no se resuelven únicamente con mantener altas cifras de afiliación. La oportunidad de las citas, la entrega de medicamentos, las autorizaciones y la capacidad de hospitales y clínicas también determinan la experiencia de los usuarios.
¿Qué pasará con las EPS?
La directriz presidencial plantea tres escenarios principales:
- EPS viables: el Gobierno buscará que continúen operando y respondan por sus afiliados bajo condiciones que permitan cumplir sus obligaciones.
- EPS con problemas corregibles: deberán presentar planes de recuperación que permitan superar sus dificultades financieras y operativas.
- EPS inviables: podrían ser intervenidas, reorganizadas o sustituidas, según la evaluación de las autoridades competentes.
La declaración no significa que todas las EPS estén próximas a ser intervenidas ni que se haya anunciado el cierre inmediato de entidades específicas. La aplicación de las medidas dependerá de las evaluaciones correspondientes y de los procedimientos legales y administrativos aplicables.
El reto será convertir la directriz en decisiones concretas sin interrumpir tratamientos, poner en riesgo la entrega de medicamentos o dejar a los usuarios sin una red de atención.
El mensaje de De La Espriella marca la orientación que pretende darle su administración al sector: evaluar a las EPS por su capacidad de responder a los pacientes, revisar la suficiencia de los recursos y actuar frente a las entidades que no cumplan. La efectividad de ese enfoque se medirá, finalmente, en la atención que reciban los colombianos.
