El asesinato de Miguel Castellanos Serrano, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta y exsecretario de Gobierno de la ciudad, habría sido ejecutado mediante una maniobra para obligarlo a bajar de su camioneta blindada. Las primeras versiones indican que los atacantes simularon un choque para sorprenderlo cuando regresaba de recoger a uno de sus hijos.
El crimen ocurrió la noche del lunes 26 de octubre, en el Anillo Vial Occidental, a la altura del barrio El Pórtico, en Cúcuta, Norte de Santander. Castellanos se movilizaba con su hijo de 12 años cuando, al advertir que su vehículo había sido chocado, descendió para revisar lo sucedido. En ese momento, según los testimonios conocidos hasta ahora, fue atacado a tiros.
El lugar donde ocurrió el homicidio está ubicado, de acuerdo con la información divulgada, a unos 300 metros de la residencia del dirigente político y a aproximadamente 500 metros de un batallón militar. La vía, además, presenta condiciones de poca iluminación, un aspecto que podría ser relevante para reconstruir los movimientos de los responsables.
Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el supuesto choque, cuántas personas participaron en el ataque y qué ruta utilizaron los sicarios para escapar. Para ello, los investigadores revisan los testimonios y el material audiovisual que pueda ayudar a identificar a los responsables.
La decisión de quedarse sin escolta
Uno de los puntos que genera interrogantes es la situación de seguridad de Castellanos antes del atentado. Según las versiones conocidas, el precandidato le habría pedido a su escolta que se retirara y se fuera a su casa antes de salir a recoger a su hijo.
La decisión llama la atención porque el dirigente habría recibido amenazas en el pasado. Entre los grupos mencionados en las versiones sobre su situación de seguridad figuran los Ak-47, el Tren de Aragua y la Familia P. Sin embargo, las autoridades tendrán que determinar si alguna de esas estructuras está relacionada con el homicidio.
Por ahora, no se ha establecido públicamente quién ordenó el ataque ni cuál fue el motivo concreto del crimen. La hipótesis de una acción preparada con anticipación deberá ser respaldada por las pruebas que recojan la Policía y la Fiscalía.
Las amenazas y su paso por la Secretaría de Gobierno
Durante su paso por la Secretaría de Gobierno de Cúcuta, Castellanos estuvo relacionado con asuntos sensibles para la seguridad y la convivencia de la ciudad, entre ellos el control del espacio público en zonas conflictivas y las acciones frente a las estructuras criminales que operan en la capital nortesantandereana.
Personas vinculadas a la administración municipal han planteado que esas actuaciones pudieron generar conflictos con organizaciones dedicadas a actividades ilegales, especialmente la extorsión y el comercio de estupefacientes. Esa interpretación, sin embargo, no confirma que el asesinato haya sido una retaliación por su gestión.
Los investigadores también tendrán que examinar otros antecedentes del dirigente político para establecer si existe alguna conexión con el homicidio.
En febrero de 2025 se divulgaron señalamientos de un agente encubierto que vinculó a Castellanos con presuntos pagos ilegales durante su paso por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en Cartagena, dentro de las investigaciones relacionadas con Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, señalado como uno de los principales operadores del contrabando en Colombia.
En su declaración, el agente afirmó que Marín habría realizado pagos periódicos a funcionarios, entre ellos Castellanos, y mencionó supuestas sumas relacionadas con el ingreso de mercancía y cigarrillos al país. Se trata de señalamientos que deben entenderse como denuncias dentro de una investigación, no como hechos judicialmente probados por la información disponible.
Las autoridades deberán establecer si esos antecedentes tienen alguna relación con el asesinato o si el crimen obedece a circunstancias diferentes. Hasta el momento, no se ha presentado públicamente una conclusión que conecte esas acusaciones con el ataque del 26 de octubre.
Recompensa de $100 millones por los responsables
Tras el homicidio, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, participó en un consejo de seguridad con representantes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. En ese contexto, se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato.
El mandatario también se refirió al homicidio de Julieth Tapias, una mujer que fue baleada ese mismo lunes en la ciudad. Las autoridades deberán establecer si ambos hechos tienen alguna conexión o si corresponden a casos independientes.
El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el asesinato y pidió que los responsables sean capturados. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que las autoridades los buscarán para que respondan ante la justicia.
Castellanos era hermano del exsenador Jairo Castellanos, quien permanece en un centro médico tras una intervención por un problema cardíaco, y de Leandro Castellanos, exfutbolista y actual concejal de Bogotá.
La investigación tiene ahora varios puntos por esclarecer: quién organizó el supuesto choque, cómo se coordinó el ataque, por qué Castellanos estaba sin escolta y si las amenazas que habría recibido guardan relación con su muerte. La respuesta dependerá de las pruebas que logren reunir los investigadores y de las conclusiones que presenten oficialmente la Policía y la Fiscalía.
