Un juzgado civil del municipio de Barrancabermeja (Santander) dictó una medida cautelar de embargo sobre las cuentas bancarias de la colectividad política Pacto Histórico. La determinación se da en el marco de un proceso ejecutivo por el no pago de una obligación crediticia de $450 millones de pesos contraída durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en mayo de 2022.
Detalles del proceso ejecutivo y responsabilidad jurídica
Origen de la acreencia: La demanda fue interpuesta por la empresaria santandereana Bibiana Pérez, quien demostró en estrados que el 18 de mayo de 2022 (días antes de la primera vuelta presidencial) otorgó un préstamo por $450 millones para la financiación de la contienda electoral. Al haber transcurrido más de cuatro años sin el pago del capital ni de los intereses devengados, la demandante solicitó la ejecución judicial de los títulos.
Traspaso de obligaciones al Pacto Histórico: Aunque la obligación fue contraída inicialmente por el movimiento Colombia Humana, las responsabilidades jurídicas, administrativas y los pasivos financieros se trasladaron formalmente al Pacto Histórico tras consolidarse el proceso de fusión entre los partidos que conformaban la coalición.
Ejecución de la medida cautelar: La decisión judicial vincula directamente a la Cooperativa Confiar, entidad donde reposan las cuentas principales de la colectividad, para que haga efectiva la retención de los recursos financieros.
Medidas previas contra Ricardo Roa: Antes de vincular la personería jurídica del partido, la judicatura había decretado el embargo preventivo del salario de Ricardo Roa —gerente de la campaña en 2022 y expresidente de Ecopetrol—, así como el secuestro cautelar de siete bienes inmuebles registrados a su nombre.
Avanzan investigaciones penales contra la gerencia de campaña
El embargo de las cuentas del partido coincide con la evolución de los expedientes penales que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la gerencia de la campaña presidencial de 2022 y sus directivos:
Juicio por violación de topes electorales: Ricardo Roa afronta un proceso penal (con escrito de acusación radicado por el ente investigador) por la presunta superación del límite legal de gastos electorales por una cuantía superior a los $1.664 millones de pesos en primera y segunda vuelta.
Imputación por tráfico de influencias: De forma paralela, el exgerente mantiene un proceso abierto por presunto tráfico de influencias cometido presuntamente durante su gestión directiva en la petrolera Ecopetrol, relacionado con presiones sobre la filial Hocol para la asignación de contratos.
