La tensión entre el Gobierno Nacional y el Consejo de Estado escaló este martes, luego de que el alto tribunal suspendiera de manera provisional el Decreto 415 de 2026, una norma que ordenaba el traslado inmediato de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión judicial como una “victoria para los ricos” y advirtió sobre las consecuencias para los ciudadanos.
La dura reacción del Gobierno
El ministro Benedetti no ocultó su frustración ante la medida cautelar. En declaraciones públicas, afirmó que los grandes perjudicados son los ciudadanos que ya habían iniciado el proceso para trasladarse al régimen público.
“Se van a fregar”, sentenció el funcionario, refiriéndose a las cerca de 120.000 personas que, amparadas en la Ley 2381 de 2024, habían solicitado mover sus ahorros a Colpensiones.
Más allá de la crítica política, Benedetti lanzó un interrogante sobre el estado actual de los recursos financieros administrados por los fondos privados:
“¿Entonces es que la plata no existe? ¿Se la llevaron para afuera, la metieron en obras civiles? ¿Dónde está la plata? Es retener la plata a alguien que se la quiere llevar a Colpensiones; eso es malo. Otra vez las cortes cuidando a los ricos”, cuestionó el Ministro.
La base jurídica: ¿Conflicto de normas?
La Sección Segunda del Consejo de Estado tomó la decisión tras admitir una tutela presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez. El alto tribunal argumentó que el Decreto 415, expedido el pasado 23 de abril, podría contravenir lo establecido en la Ley 2381 de 2024.
Según el análisis judicial, la ley vigente estipula que el dinero ahorrado por los cotizantes debe permanecer en los fondos privados hasta que el afiliado cumpla con los requisitos de ley y consolide su derecho a la pensión. El Gobierno, a través del decreto ahora suspendido, pretendía acelerar este proceso mediante un calendario de traslado de recursos altamente agresivo:
Primer desembolso: 50% de los recursos en un plazo máximo de 20 días.
Segundo desembolso: El 50% restante en los 10 días siguientes.
La urgencia del fallo
El Consejo de Estado justificó la premura de su decisión al considerar que el cronograma fijado por el Gobierno Nacional era excesivamente corto. El tribunal advirtió que, de no haber actuado con carácter urgente, la transferencia de los $25 billones se habría ejecutado en su totalidad, haciendo que cualquier decisión de fondo posterior resultara ineficaz e irreversible.
Este choque jurídico pone nuevamente en el centro del debate la operatividad de la reforma pensional y la gobernanza sobre los ahorros de los colombianos. Mientras el Gobierno insiste en que el traslado es un derecho de los ciudadanos, el sector financiero y ahora el Consejo de Estado plantean interrogantes sobre el cumplimiento de la ley y la estabilidad de los recursos dentro del sistema privado.
Se espera que en los próximos días el Ejecutivo se pronuncie sobre las vías legales que tomará para intentar salvar la medida o si, por el contrario, acatará la orden del tribunal mientras se resuelve la tutela de fondo.
