La Ley de Rescate Económico se convirtió en una prueba política para el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Aunque el Ejecutivo cuenta con sectores que respaldan su gestión en el Congreso, las medidas tributarias incluidas en el proyecto han generado diferencias y podrían obligar a modificar varios puntos antes de su aprobación.
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, asumió la tarea de acercar a las bancadas. En sus primeros días en el cargo ha sostenido encuentros con dirigentes políticos y expresó optimismo después de reunirse el miércoles 11 de noviembre con el presidente del Senado, Honorio Henríquez.
Ordóñez aseguró que existe un ambiente favorable para concertar el contenido de la iniciativa, que busca aumentar el recaudo, reducir el déficit fiscal y atender los problemas de liquidez del Estado.
Sin embargo, las conversaciones avanzan en medio de advertencias de los partidos aliados. El Centro Democrático, por ejemplo, ha planteado condiciones para respaldar la reforma. Álvaro Uribe pidió excluir del IVA los alimentos y otros productos esenciales, devolver el impuesto a los hogares más pobres y establecer alivios para empresas y personas afectadas por el terremoto.
La colectividad definiría este jueves su posición oficial, mientras el Partido de la U analiza las consecuencias tributarias del proyecto con expertos. El Partido Conservador prepara alternativas y las bancadas Liberal y Cambio Radical también han expresado observaciones.
El tiempo juega en contra del proyecto
El calendario legislativo representa otra dificultad para el Ejecutivo. Falta menos de un mes para terminar el semestre y, aunque el presidente puede convocar sesiones extraordinarias, los festivos y la cercanía de diciembre reducen el margen para alcanzar acuerdos y completar el trámite.
Además, existe una discusión sobre la designación de los ponentes. David Barguil y Carlos Mario Farelo fueron escogidos para participar en el estudio de la iniciativa, pero el senador Andrés Forero cuestionó que no se haya incluido a la oposición y advirtió sobre la conformación de las ponencias y la participación de las comisiones económicas.
El proyecto tiene mensaje de urgencia y deberá superar el debate en comisiones conjuntas antes de llegar a las plenarias.
La Casa de Nariño busca repetir los resultados obtenidos con el Presupuesto General y la Ley de Sometimiento a la Justicia. Sin embargo, la reforma económica tiene un componente tributario que genera mayores reservas entre los congresistas, incluso dentro de las colectividades que hacen parte de la coalición de Gobierno.
Por ahora, Alejandro Ordóñez tiene la tarea de convertir las expresiones de respaldo en acuerdos concretos para sacar adelante una iniciativa cuyo texto todavía está sujeto a modificaciones.
