La acción fue presentada por Juan Carlos Calderón España y recoge los señalamientos realizados por la exasesora presidencial Eva Ferrer, quien en declaraciones públicas aseguró que Escaf habría intervenido, junto con Mario Fernández Alcocer, en la designación de funcionarios y el manejo de cargos en distintas instituciones estatales.
Entre las entidades mencionadas aparecen el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ProColombia, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Ecopetrol, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Fondo de Adaptación, entre otras.
Ferrer también mencionó la cercanía de Escaf con Verónica Alcocer, esposa del entonces presidente Gustavo Petro, y aseguró que esa relación habría facilitado su participación en decisiones relacionadas con nombramientos y movimientos dentro del Gobierno.
En sus declaraciones, la exasesora hizo referencia a presuntas gestiones alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a supuestos movimientos de dinero relacionados con viajes a Venezuela.
El demandante considera que las actuaciones atribuidas al senador podrían configurar tráfico de influencias y constituir una causal para la pérdida de su investidura.
La admisión de la demanda significa que el Consejo de Estado estudiará los argumentos presentados. No representa una decisión de fondo ni determina que Agmeth Escaf haya incurrido en alguna irregularidad. Corresponderá al alto tribunal evaluar las pruebas y establecer si existe mérito para decretar la pérdida de su condición de congresista.
