Un documento firmado en mayo de 2024 por el entonces fiscal Mario Burgos revela que la Fiscalía General de la Nación no tenía elementos materiales probatorios ni evidencias que vincularan al ciudadano salvadoreño Wilbert Giovanni Rodríguez Huezo con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Cartagena.
La información se conoce mientras Rodríguez Huezo permanece detenido en El Salvador desde comienzos de 2023, por su presunta relación con el crimen. Su captura se produjo en San Salvador durante un operativo conjunto con Interpol, en el que también fue detenida la colombiana Margareth Chacón.
Chacón fue deportada a Colombia y posteriormente condenada a 35 años de prisión por homicidio agravado, tras ser señalada de participar en la organización del asesinato. La situación judicial del salvadoreño tomó otro rumbo: las autoridades de ese país lo acusaron de agrupaciones ilícitas, luego de establecer que presuntamente habría facilitado un lugar para que Chacón permaneciera oculta.
La respuesta de Mario Burgos
El documento que se conoció contiene una respuesta de Burgos a Liliana Romero Tovar, quien entonces dirigía Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana. La funcionaria había solicitado copias certificadas del proceso penal y las pruebas que existieran contra Rodríguez Huezo.
En el oficio, fechado en mayo de 2024, el entonces fiscal relacionó las personas condenadas por el asesinato de Pecci, así como los principios de oportunidad y preacuerdos alcanzados durante la investigación. También dejó constancia de que la Fiscalía colombiana no tenía pruebas que permitieran establecer la participación del ciudadano salvadoreño.
El documento señala expresamente que la entidad no contaba con elementos materiales probatorios, evidencia física ni información legalmente obtenida de la que pudiera inferirse algún grado de participación de Rodríguez Huezo en el homicidio.
Tres años detenido en El Salvador
Pese a esa respuesta de la Fiscalía colombiana, Rodríguez Huezo continúa privado de la libertad en El Salvador. Según la información conocida, su detención provisional se ha prolongado en medio de las disposiciones legales vigentes en ese país, que permiten extender este tipo de medidas durante años.
La revelación abre interrogantes sobre la información que sustentó su vinculación con el caso Pecci y las razones por las que continúa detenido. El documento acredita que, para mayo de 2024, la Fiscalía de Colombia no tenía elementos que lo relacionaran con el homicidio, aunque esa circunstancia por sí sola no determina el resultado del proceso que enfrenta en El Salvador.
