La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Moisés Ninco Daza, Gareth Sella y María Niny Echeverry por las publicaciones que habrían realizado en redes sociales contra la periodista Diana Saray Giraldo, a quien señalaron de tener relación con el asesinato del líder social Josué Castellanos, ocurrido en Arauca.
Los tres investigados ocuparon cargos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Ninco Daza fue embajador de Colombia en México; Sella estuvo al frente del Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad, y Echeverry dirigió la Oficina de Servicios al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El pliego de cargos fue emitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa. El organismo calificó como presuntamente gravísima una conducta relacionada con calumnia y abuso de la posición que los señalados ejercían como servidores públicos. También les atribuyó una posible falta grave por el supuesto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, que habría derivado en violencia digital, simbólica o psicológica contra la comunicadora.
Los señalamientos contra Diana Saray Giraldo
El origen del proceso se encuentra en una queja disciplinaria presentada en agosto de 2024 por la defensa de la periodista, luego de que aparecieran mensajes en redes sociales que cuestionaban su trabajo informativo sobre la situación de orden público en Arauca.
Uno de los mensajes señalados fue publicado por Moisés Ninco Daza, quien relacionó una publicación periodística de Giraldo con el asesinato de Josué Castellanos. En otra intervención escribió: “Señalan con el micrófono para que otro dispare con el fusil”.
Gareth Sella también cuestionó públicamente a la periodista por sus informaciones sobre la organización Centro Oriente y sus presuntos vínculos con el ELN. En una de sus publicaciones preguntó: “¿Sumercé no es quien estigmatizó a Centro Oriente como ‘brazo político del ELN’ y luego un líder social fue asesinado?”.
María Niny Echeverry habría difundido mensajes similares, de acuerdo con los hechos examinados por el Ministerio Público.
La Procuraduría cuestiona el uso de las redes desde cargos públicos
Para evaluar las publicaciones, la Procuraduría tuvo en cuenta que los investigados ocupaban posiciones de responsabilidad dentro del Estado y que algunos mensajes se difundieron desde cuentas relacionadas con sus funciones institucionales.
El organismo consideró que la investidura de un funcionario público tiene incidencia en la forma como la ciudadanía recibe sus declaraciones. Por ello, las publicaciones no pueden analizarse únicamente como opiniones individuales cuando se realizan desde posiciones que representan autoridad institucional.
La actuación también contempla un enfoque de género. La Procuraduría examina si los mensajes afectaron la honra y el buen nombre de Giraldo y si contribuyeron a una forma de violencia digital dirigida contra ella por ser mujer y ejercer el periodismo.
La formulación de cargos no constituye todavía una sanción ni significa que los tres exfuncionarios hayan sido declarados responsables. Ahora podrán presentar sus descargos y solicitar o aportar pruebas antes de que la entidad adopte una decisión definitiva.
