El Ministro de justicia, Wilson Ruíz, habla del plan general que construye con alcaldes, gobernadores y Fuerza Pública, para fortalecer la inteligencia e investigación en las penas de cárcel.
Este proyecto de ley que propondrá el ministro ante el Congreso, busca modificar de forma parcial el artículo 239 del Código Penal; para aumentar la pena a 36 meses de prisión por el delito de hurto en cuantía que no supere los 3’634.000 pesos y a 48 meses, cuando el valor del robo supere esta cifra.
Acerca de la liberación inmediata de acusados de pequeños hurtos, se debe identificar las falencias para mejorar la articulación de las autoridades judiciales competentes como lo son jueces y fiscales. La Policía reveló que hay personas que han sido capturadas más de 20 veces y quedan en libertad, por eso en este documento se propone que los reincidentes paguen una pena más alta y no se puedan acoger a los beneficios de prisión domiciliaria o libertad condicional.
La ley actual establece que la reincidencia por sentencias ejecutoriales, más de diez veces en menos de dos años, sin que la persona sea condenada por este proceso, para la ley no es reincidente.
Para Ruíz, los altos índices de inseguridad en el país, se deben a la sofisticación de las bandas criminales y la gran cantidad de extranjeros que vienen a hacer daño al país. “Hemos insistido desde el Gobierno, en una visión multidimensional de la seguridad. Qué no se garantiza sólo con la fuerza pública” añadió el funcionario.
El MinJusticia en unión con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desarrollan un plan para la reubicación y traslado de personas que se encuentran en estaciones de policía para los centros carcelarios que hay a nivel nacional.
Los alcaldes y gobernadores están ejecutando proyectos de construcción de centros de detención transitoria para sindicados y poder ampliar la capacidad en el sistema penitenciario. Por ejemplo; hay centros penitenciales en Ipiales y Girón, un pabellón disponible en la cárcel de Buga.
A finales de este año se entregarán tres estructuras modulares que tienen una capacidad de 510 internos en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí y un pabellón en Bellavista-Medellín, además de la cárcel rural en el municipio de Sabanas de San Ángel en Magdalena que contará con 4.500 cupos.
«Lo que se necesita realmente es fortalecer la justicia en general. Debemos robustecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal, juzgamiento y capacidad técnico-científica para la práctica de pruebas. Los ciudadanos necesitan y merecen una respuesta más rápida y eficaz de la administración de justicia» añadió Ruíz.
Del 05 de octubre de 2020 al 23 de septiembre de 2021, el ministro ha firmado 284 resoluciones de extradición y en lo que va corrido del mandato del presidente Duque, se han extraditado 536 ciudadanos.
