La Procuraduría General de la Nación rechazó el anuncio de un nuevo paro armado en la región chocoana de Medio San Juan, hecho por el grupo armado ilegal ELN y le pidió al Gobierno intervención urgente para proteger a esas comunidades.
Frente a esta grave situación, que tiene a más de 25.000 familias confinadas y sin posibilidades de acceso a alimentación, salud y educación, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida y los derechos de estas personas y revise las implicaciones de estos paros y acciones armadas, en las negociaciones que se adelantan con esos grupos al margen de la ley.
“La población civil no puede seguir siendo la víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han manifestado su presunta voluntad de paz. Ni como Estado, ni como sociedad, podemos admitir ni permitir la ocurrencia de estos hechos” aseguró el Delegado Sarmiento Olarte.
