La denuncia fue presentada por el ministro Mauricio Gómez Amín, quien señaló que los contratos fueron firmados durante los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Según la información entregada por el funcionario, más de $100.000 millones quedaron comprometidos en apenas dos días.
La revisión del Ministerio habría detectado posibles incumplimientos de requisitos legales, irregularidades en los procesos de contratación y eventuales falsedades en documentos, fechas y firmas.
Ante estos hallazgos, el ministro confirmó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Además, anunció que enviará la documentación a la Contraloría y a la Procuraduría para que estas entidades determinen si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
Gómez Amín afirmó que el Gobierno llevará las denuncias ante las autoridades cada vez que encuentre posibles anomalías en el manejo de los recursos públicos.
Por ahora, las presuntas irregularidades deberán ser examinadas por los organismos de control, que tendrán que establecer si la contratación de Fontur se ajustó a la ley y quiénes podrían tener responsabilidad en los hechos.
