El organismo de control busca establecer los alcances de la medida y conocer las razones técnicas, jurídicas y financieras que rodean la posible reversión de la concesión vial.
La actuación preventiva se produce en medio de la controversia generada tras el freno al megaproyecto Conexión Centro, iniciativa de infraestructura que contemplaba importantes inversiones y obras para el Eje Cafetero.
La Procuraduría solicitó detalles relacionados con el estado actual del contrato, los estudios adelantados y las decisiones adoptadas por el Gobierno frente al futuro del corredor vial.
El caso ha despertado preocupación en sectores empresariales y económicos debido al impacto que podría tener sobre la movilidad, la competitividad y las inversiones previstas para la región.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Transporte ni la ANI han entregado un pronunciamiento oficial detallando las razones definitivas de la decisión que analiza el Ejecutivo.
