La Procuraduría General de la Nación puso en marcha nuevas medidas de austeridad para reducir el consumo de agua y energía eléctrica en sus instalaciones de todo el país, tanto en las oficinas del nivel central como en las sedes territoriales.
La decisión fue adoptada por el procurador general, Gregorio Eljach, mediante la Circular 008 del 2 de octubre de 2026, en la que se establecen instrucciones dirigidas a los funcionarios y servidores de la entidad para promover un uso más eficiente de los servicios públicos.
Eljach defendió la medida como parte de la política de austeridad de la Procuraduría y aseguró que las entidades públicas deben comenzar por aplicar internamente las recomendaciones que promueven ante la ciudadanía.
“Vamos a seguir con la política de austeridad. Por eso emitimos la primera política pública para el manejo restringido de los servicios públicos, especialmente, de agua y energía eléctrica”, afirmó el jefe del Ministerio Público.
El procurador también hizo énfasis en la necesidad de que los funcionarios adopten hábitos de ahorro frente a los desafíos que enfrenta el país en materia de disponibilidad de agua y consumo energético.
“El ejemplo empieza por casa y nuestros funcionarios deben poner la pauta. No puede ser que vayamos a pregonar por municipios y departamentos que hay que ahorrar, y nosotros mismos no hagamos el esfuerzo por disminuir el consumo de servicios públicos”, sostuvo.
¿Qué deberán hacer los funcionarios?
Entre las principales instrucciones establecidas en la circular está apagar las luces y los equipos eléctricos que no sean necesarios al finalizar la jornada laboral o cuando los espacios queden desocupados.
También se pide hacer un uso adecuado de los sistemas de iluminación, climatización y de los puntos de suministro de agua.
La Procuraduría contempla además mecanismos para realizar un seguimiento permanente al comportamiento del consumo en sus diferentes instalaciones.
La circular ordena reportar oportunamente cualquier fuga, daño, falla o variación inusual que pueda generar un incremento injustificado en el consumo de agua o energía.
De igual manera, las sedes deberán implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE), como herramienta para identificar oportunidades de ahorro y mejorar el uso de los recursos.
La medida no podrá afectar la atención al ciudadano
Aunque la Procuraduría busca reducir el consumo de servicios públicos, las instrucciones establecen que las acciones de austeridad deberán aplicarse sin poner en riesgo el funcionamiento de la entidad.
En ese sentido, las medidas no podrán afectar la atención al público, la salubridad, la accesibilidad ni la seguridad de las instalaciones.
La decisión se enmarca en una política de mayor control sobre el consumo de recursos dentro de las entidades estatales y busca que las oficinas de la Procuraduría adopten prácticas que permitan reducir gastos y utilizar de manera más eficiente el agua y la energía.
Con esta circular, Gregorio Eljach también busca que la austeridad trascienda los discursos institucionales y se convierta en acciones concretas dentro de la propia entidad: apagar equipos, controlar consumos, detectar fugas y corregir comportamientos que puedan generar un gasto innecesario.
