La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, respondió públicamente a los señalamientos realizados por el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien cuestionó la contratación de dos personas que, según afirmó, habrían financiado la campaña de la funcionaria en 2022.
Mondragón difundió un video en sus redes sociales en el que aseguró que Restrepo habría llegado a la dirección del ICBF para “pagar favores políticos” y sostuvo que, apenas 11 días después de su nombramiento, se habrían producido dos contrataciones relacionadas con personas que supuestamente habían realizado aportes a su campaña.
El congresista mencionó específicamente a Erika Jiménez y Cristian Mauricio Pinzón. Según su versión, Jiménez habría aportado seis millones de pesos en especie y posteriormente habría obtenido un contrato por 25 millones de pesos en el ICBF. En el caso de Pinzón, afirmó que habría realizado un aporte de 36 millones de pesos en especie y que actualmente tendría un contrato superior a los 17 millones de pesos.
Los nombres de ambos aparecen, además, en publicaciones oficiales de hojas de vida del ICBF correspondientes a agosto de 2026. La entidad registra a Erika Jazmín Jiménez Romero y a Christiam Mauricio Pinzón López como profesionales especializados.
Ante estas acusaciones, Restrepo salió a responder y pidió al representante presentar los documentos que sustenten sus afirmaciones.
“No vayan a inventarse cosas que son falsas simplemente porque es lo único que pueden encontrar”, manifestó la directora, de acuerdo con las declaraciones difundidas sobre la controversia.
La funcionaria explicó que Jiménez ha trabajado con ella durante años y que Pinzón también hacía parte de su equipo profesional antes de su llegada al ICBF. Según Restrepo, las cifras salariales mencionadas por el congresista tampoco corresponderían a la realidad.
“Erika Jiménez ha sido mi secretaria privada desde hace 11 años y Cristian Pinzón es abogado de la Universidad Libre y trabaja conmigo en mi firma de abogados desde hace 8 años”, sostuvo.
Restrepo fue más allá y cuestionó que las vinculaciones sean presentadas como un supuesto pago de favores políticos.
“Si pretenden presentar sus vinculaciones como ‘pago de favores políticos’, tendrán que explicar cuáles”, señaló.
La directora también pidió que se establezca con precisión cuáles fueron los supuestos aportes, cuándo se realizaron, dónde quedaron registrados y cuál sería exactamente el favor que, según el señalamiento, se habría pagado años después.
“Los hechos y los documentos son muy fáciles de verificar”, afirmó.
La controversia se produce en medio de la tensión política que ha acompañado la llegada de Restrepo al ICBF. La funcionaria ha cuestionado públicamente situaciones encontradas en la administración anterior y ha anunciado investigaciones sobre presuntas irregularidades, mientras sectores de oposición y congresistas del Pacto Histórico han criticado algunas de sus actuaciones.
El propio ICBF registra oficialmente a María Carolina Restrepo Cañavera como directora general de la entidad desde 2026.
Restrepo también acudió a la Fiscalía
A esta disputa política se suma otro episodio que involucra a la directora del ICBF. Restrepo acudió esta semana ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que se investiguen publicaciones realizadas desde tres perfiles en redes sociales, al considerar que algunos de los mensajes podrían constituir amenazas contra servidores públicos e injuria.
Según la funcionaria, algunas de esas publicaciones habrían revelado información relacionada con su ubicación y planteado la posibilidad de acercamientos personales.
Uno de los mensajes hacía referencia a su presencia en el aeropuerto de Cali y expresaba la intención de acercarse a ella, mientras que otra publicación advertía sobre un eventual encuentro posterior.
Para Restrepo, esos mensajes dejaron de ser simplemente parte de la controversia política y cruzaron una línea que debe ser investigada por las autoridades.
Mientras tanto, el cruce entre la directora del ICBF y el representante Alfredo Mondragón deja sobre la mesa una discusión que deberá resolverse con documentos: si las contrataciones cuestionadas estuvieron o no relacionadas con aportes políticos y, en caso de existir esos aportes, cuál fue su naturaleza y si fueron reportados conforme a las normas.
Por ahora, las acusaciones formuladas por el congresista y la respuesta de la directora corresponden a versiones enfrentadas, por lo que serán los documentos de contratación, los registros de aportes y, eventualmente, los organismos de control los que permitan establecer si existió alguna irregularidad.
