El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció una reforma al procedimiento de consulta previa, con la que busca reducir el represamiento de expedientes y establecer un sistema con mayor seguimiento, responsables definidos y fechas concretas para cada trámite.
El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien aseguró que la propuesta busca agilizar la gestión de los procesos sin modificar el núcleo del derecho fundamental a la consulta previa.
“La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, afirmó el ministro al explicar el alcance de las medidas.
Digitalización del 100 % de los expedientes
Uno de los principales cambios planteados es la digitalización total de los expedientes represados, acompañada de la creación de una ventanilla única digital para recibir y gestionar la documentación relacionada con cada proceso.
El nuevo esquema contempla que cada expediente tenga un responsable identificado y una fecha definida para su trámite, con el propósito de evitar procesos sin seguimiento o sin claridad sobre quién debe atenderlos.
También se implementaría un sistema de alertas y términos, además de un tablero nacional de control que permita conocer el estado de cada expediente y hacer seguimiento a los plazos establecidos.
El Gobierno también anunció la creación de un comité independiente de seguimiento, cuya función será verificar el avance de los procesos, pero sin asumir las competencias de la Autoridad Nacional de Consulta Previa ni tomar decisiones sobre los expedientes.
Meta de 90 días
El Ministerio del Interior estableció una meta de 90 días para reducir el represamiento y avanzar en decisiones y cierres de los procesos.
Lara Restrepo explicó que la reforma busca acabar con situaciones en las que los expedientes permanecen abiertos durante largos periodos sin una definición.
“El núcleo del derecho no se toca. Lo que se acaba es el expediente sin dueño, el trámite opaco y el proceso que no cierra”, sostuvo el funcionario.
Eliminación del test de proporcionalidad
Otro de los cambios anunciados es la eliminación del test de proporcionalidad dentro del procedimiento.
Según explicó el ministro, esta modificación pretende evitar que, una vez agotada la actuación correspondiente, un expediente permanezca indefinidamente suspendido por un trámite adicional que no tenga un término definido.
La decisión final, de acuerdo con la propuesta, se adoptaría con base en la información disponible dentro del expediente, sin que esto implique eliminar el diálogo ni el derecho fundamental a la consulta previa.
“No reemplaza el diálogo ni el derecho. Solo evita que, agotada la actuación, el cierre quede suspendido en un trámite adicional sin término”, señaló Lara Restrepo.
Gobierno relaciona la reforma con inversión y empleo
El vicepresidente José Manuel Restrepo relacionó la propuesta con la necesidad de establecer reglas más claras para los procesos que involucran consulta previa.
Según el funcionario, agilizar los procedimientos no significa desconocer los derechos de las comunidades, sino establecer reglas, tiempos y responsables para cada trámite.
El Gobierno sostiene que un sistema con mayor trazabilidad y seguridad jurídica puede facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía y otras actividades económicas que requieren procesos de consulta previa.
La reforma anunciada abre ahora una nueva etapa para la gestión de estos expedientes, mientras deberán conocerse los detalles normativos mediante los cuales se implementarán los cambios propuestos.
