El exfuncionario firmó un convenio interadministrativo a pesar de estar suspendido del cargo.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general de 11 años y tres meses impuesta al exalcalde de Morroa, Sucre, Juan Gregorio Domínguez Carrascal (2012-2015), por usurpación de funciones.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular indicó que el exalcalde firmó un convenio interadministrativo, que tenía por objeto el suministro de tabletas con destino a las instituciones educativas del municipio, a pesar de estar suspendido del cargo.
El órgano de control estableció que antes de la firma del convenio el entonces alcalde fue notificado de su suspensión por parte del Juez Promiscuo de Betulia, Sucre, quien lo afectó con medida de aseguramiento, de detención domiciliaria, en desarrollo de un proceso penal adelantado en su contra.
Para el Ministerio Público quedó demostrado que antes de la firma del convenio Domínguez Carrascal conocía, porque ya había sido notificado, que estaba suspendido para ejercer como alcalde, por lo que “desatendió una prohibición legal materializada por orden judicial, según la cual no podía ejercer ninguna de las funciones de su cargo mientras estuviere suspendido en virtud de la medida de aseguramiento que le fue impuesta”, sostuvo en su fallo la Procuraduría.
Por esos hechos, confirmó el fallo de primera instancia preferido por la Procuraduría Regional de Sucre, y calificó la falta cometida por el entonces funcionario como una falta gravísima cometida a título de dolo.
