El Congreso de la República se prepara para discutir en segundo debate el Presupuesto General de la Nación para 2027, con una nueva ponencia que redistribuye miles de millones de pesos entre el pago de la deuda pública, la inversión estatal y los gastos de funcionamiento. El monto total se mantiene en $634,95 billones, equivalentes al 29,9 % del producto interno bruto (PIB).
La modificación más significativa está en el servicio de la deuda pública. Esta partida bajaría de $155,4 billones, contemplados durante el primer debate, a $147,1 billones. El recorte es de aproximadamente $8,4 billones, recursos que permitirían ampliar la capacidad de inversión del Estado.
El ajuste fue concertado entre los ponentes y el Ministerio de Hacienda, a partir de nuevas proyecciones financieras y de operaciones previstas para manejar la deuda y reorganizar los vencimientos de títulos en el mercado de capitales. El documento sostiene que la modificación busca reducir la presión sobre el presupuesto sin incumplir las obligaciones financieras de la Nación.
La inversión pública subiría a $94,63 billones
El dinero liberado mediante la recomposición presupuestal se refleja en un aumento de $7,74 billones para inversión pública. La asignación pasaría de $86,89 billones en el primer debate a $94,63 billones para 2027.
Con ese incremento, la inversión estatal representaría cerca del 4,5 % del PIB y tendría un crecimiento real del 5,8 % frente a 2026, de acuerdo con las cifras divulgadas en la ponencia.
La intención es financiar infraestructura estratégica, impulsar la actividad productiva y evitar que los recursos se dispersen entre numerosos proyectos de menor alcance. También se contempla respaldar iniciativas de reconstrucción en territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El senador Christian Garcés, coordinador de los ponentes, informó que la propuesta garantiza $3 billones para subsidios de energía y gas. Además, contempla una bolsa de $3,9 billones administrada por el Ministerio de Hacienda para incorporar recursos destinados a atender los daños del terremoto, otras emergencias y prioridades adicionales.
Funcionamiento del Estado tendría un aumento
Mientras disminuye la partida para la deuda y crece la inversión, los gastos de funcionamiento registrarían un incremento de $617.000 millones. El rubro pasaría de $392,63 billones a $393,25 billones.
Una parte sustancial de estos recursos corresponde a obligaciones como pensiones, salud y transferencias a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones. Estas transferencias representan el 75,8 % de los gastos de funcionamiento, según el informe presupuestal.
La ponencia también mantiene las directrices de austeridad para reducir gastos considerados no esenciales, entre ellos publicidad, viáticos, viajes y contratos de prestación de servicios.
El debate estará en la viabilidad de los ajustes
Con los cambios planteados, el presupuesto de la Nación sin incluir el servicio de la deuda ascendería a $487,88 billones. El Ministerio de Hacienda y los coordinadores de la ponencia sostienen que la redistribución no modifica las metas de déficit fiscal previstas para 2027 ni supone un aumento del endeudamiento global.
La discusión en plenaria deberá determinar si el Congreso respalda la nueva distribución de los recursos. Uno de los puntos centrales será establecer si la reducción presupuestal para el servicio de la deuda puede ejecutarse mediante las operaciones financieras previstas y si el aumento de la inversión se traducirá en proyectos con financiación suficiente y resultados verificables.
El monto global del presupuesto permanece sin cambios, pero la decisión sobre cómo distribuirlo puede incidir en la capacidad del Estado para financiar obras, atender emergencias y cumplir sus compromisos financieros durante 2027.
