Las críticas de la exsenadora María José Pizarro al decreto que modifica el protocolo de intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones provocaron respuestas de varios dirigentes políticos, quienes defendieron la publicación previa del proyecto y cuestionaron los reparos sobre su divulgación.
La controversia se produjo después de que Pizarro formulara varias preguntas al ministro del Interior, Rodrigo Lara, sobre la entrada en vigor de la normativa, el conocimiento que tendrían los organizadores de las movilizaciones y las garantías constitucionales del derecho a la protesta.
“¿Cómo es posible que entre en funcionamiento un decreto que regula la protesta sin que los organizadores de la movilización lo conozcan?”, preguntó la excongresista. También cuestionó si la Fuerza Pública conocía las nuevas disposiciones, si se había cumplido el principio de publicidad y si la sociedad civil había tenido oportunidad de presentar observaciones.
Triana defendió la competencia del Gobierno
Senadora @PizarroMariaJo , una serie de comentarios al respecto del decreto:
1⃣ NO ES CIERTO que el decreto regula la protesta social, por tanto, no usurpa la competencia del Congreso. Lo que sí hace este decreto es establecer un protocolo para la intervención de la Fuerza Pública en el marco de la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 #11 de la Constitución Política.
2⃣ El decreto estuvo público para comentarios desde el 28 de septiembre, con lo cual se cumple con el principio de publicidad… Otra cosa es la negligencia en el estudio del decreto por parte de los organizadores de la protesta.
3⃣ Este decreto modifica un decreto ya existente, (el 003 de 2021), de hecho, durante todo el gobierno Petro fue aplicado, no pretenda ahora manifestar que es la primera vez que advierte la existencia de una normativa de este tipo.
Lejos de criminalizar la protesta social, el decreto sigue priorizando el diálogo sobre quienes manifiestan de manera PACÍFICA. El gran cambio es que la Fuerza Pública ahora SÍ podrá actuar contra quienes cometan actos vandálicos y criminales.
— Julio César Triana (@TrianaCongreso) October 14, 2026
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, respondió que el decreto no regula integralmente la protesta social, sino que establece un protocolo para la actuación de la Fuerza Pública, en ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente contemplada en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución.
Triana sostuvo que el proyecto estuvo publicado para comentarios ciudadanos desde el 28 de septiembre y que, por esa razón, se había cumplido el principio de publicidad. A su juicio, las preguntas de Pizarro desconocían ese antecedente.
El congresista también recordó que el Decreto 1525 modifica una normativa anterior, el Decreto 003 de 2021, que fue aplicado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según su interpretación, la nueva disposición mantiene la prioridad del diálogo frente a las manifestaciones pacíficas, pero permite intervenir contra quienes cometan actos violentos sin que la mediación se convierta en una condición previa para actuar.
Uscátegui cuestionó los reparos de la exsenadora
El concejal Julián Uscátegui también salió al paso de las declaraciones de Pizarro y afirmó que el contenido del decreto podía consultarse desde semanas antes de su firma.
“Exsenadora, tuvo 15 días para leerlo. Pero, tranquila, yo se lo explico”, expresó Uscátegui al defender la intervención de las autoridades frente a hechos como ataques con piedras, lanzamiento de artefactos explosivos artesanales y bloqueos de vías.
El concejal sostuvo que quienes se manifiesten pacíficamente no deberían verse afectados por las nuevas disposiciones. No obstante, el alcance de las intervenciones deberá evaluarse conforme al texto del decreto, las circunstancias de cada procedimiento y las garantías constitucionales aplicables.
Daniel Briceño lanzó una crítica directa
Señora Pizarro no haga el oso.
El proyecto de decreto que modifica el protocolo de protesta está publicado para comentarios desde el pasado 28 de septiembre, recibió 1379 comentarios.
Cualquier persona que haya estado en el sector público primero verifica una obviedad como esa. https://t.co/ujgx39T5rH
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 14, 2026
El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue más contundente en su respuesta a la exsenadora del Pacto Histórico.
“Señora Pizarro, no haga el oso. El proyecto de decreto que modifica el protocolo de protesta está publicado para comentarios desde el pasado 28 de septiembre. Recibió 1.379 comentarios”, afirmó.
Briceño cuestionó que Pizarro pusiera en duda la publicidad del proyecto sin verificar previamente su publicación y el proceso de recepción de observaciones.
Señor Ministro @Rodrigo_Lara_ ¿Cómo es posible que entre en funcionamiento un decreto que regula la protesta sin que los organizadores de la movilización lo conozcan para que quienes se movilicen se puedan organizar? ¿Lo conoce la fuerza publica para actuar conforme al decreto? ¿Qué conoce la fuerza publica del Decreto? ¿Cumple con los principios constitucionales que garantizan el derecho a la protesta? ¿Cumple con el principio de publicidad? ¿Se pudieron presentar observaciones por parte de la sociedad civil? Entra en vigor el mismo de la de movilización ¿Se hace así para evitar cualquier medida cautelar que evite su entrada en funcionamiento?
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 13, 2026
¿Qué cambia con el Decreto 1525?
El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1525 el martes 13 de octubre, en vísperas de las movilizaciones convocadas para este miércoles. La norma modifica el protocolo para la intervención de la Fuerza Pública durante las protestas.
Uno de los apartes citados establece que la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación no debe entenderse como un requisito que impida o retrase las actuaciones dirigidas contra personas que estén ejerciendo violencia.
La disposición ha generado debate sobre la manera en que las autoridades deberán distinguir entre manifestantes pacíficos y personas involucradas en actos violentos, así como sobre los límites de la intervención policial.
Aunque Triana, Uscátegui y Briceño defendieron la actuación del Gobierno y cuestionaron las dudas de Pizarro, la discusión no se agota en la publicación previa del borrador. También involucra la interpretación de las facultades presidenciales, la aplicación del protocolo y las garantías que deben proteger a quienes ejercen legítimamente el derecho a la protesta.
La controversia coincide con una jornada de movilizaciones nacionales y pone bajo atención pública la forma en que el Gobierno aplicará las nuevas reglas durante las manifestaciones.
