Funcionarios y contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habrían sido obligados a marchar bajo control de asistencia, señalándose a presuntos sectores ligados a la administración saliente de utilizar la entidad de la niñez con fines partidistas.
Diversos sectores han elevado una exigencia pública de investigación inmediata ante las denuncias sobre el despliegue de marchas y movilizaciones por parte de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en plena jornada de atención institucional. De acuerdo con las evidencias difundidas, la asistencia a las manifestaciones habría sido monitoreada mediante planillas y listas de control en mano.
Las denuncias advierten que reductos administrativos pertenecientes al gobierno anterior continúan operando dentro de la entidad, utilizando la infraestructura y el talento humano orientados a la protección de la infancia como plataforma de activismo político para la oposición.
Puntos centrales de la denuncia y solicitudes de investigación
Uso de mecanismos de coacción: Las irregularidades señalan el pase de lista obligatorio a funcionarios y contratistas para garantizar su presencia en las calles durante las horas operativas del instituto.
Afectación a la oferta pública: Organizaciones ciudadanas enfatizaron que el ICBF debe volcar la totalidad de sus recursos e interacciones al cuidado de los niños del país, rechazando su instrumentalización política por parte de facciones de la anterior administración.
Solicitud de intervención: Se instó a los organismos de control y a la administración central a aperturar expedientes disciplinarios contra los directivos y mandos medios responsables de ordenar el abandono de funciones y el uso de listas de asistencia para fines ajenos a la misión del Estado.
