González rechazó las acusaciones y aseguró que no existen pruebas que demuestren que haya sacado recursos destinados a la salud del país.
Uno de los puntos centrales de la controversia está relacionado con un préstamo de 221.000 millones de pesos realizado a favor de la empresa privada Inversa S.A., operación en la que, según el presidente de Coosalud, la EPS habría sido utilizada como garantía.
González sostuvo que dicha operación no comprometió recursos públicos y explicó que el objetivo era obtener financiación para fortalecer la operación de la entidad y mantener sus indicadores de solvencia.
“Ahí había recursos de capitalizaciones, recursos de endeudamiento; la plata que se da de garantía es la misma, los mismos recursos que se capitalizan y los mismos recursos que se buscan en el mercado de capitales para mantener los márgenes de solvencia”, afirmó.
El directivo también señaló que la operación finalmente no pudo ser pagada y que, como consecuencia, el Banco GNB Sudameris terminó apropiándose de cerca de 206.000 millones de pesos.
Sin embargo, González atribuyó esta situación a las consecuencias de la intervención de Coosalud por parte del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro.
El presidente de la EPS cuestionó particularmente las decisiones adoptadas por el Ejecutivo dentro de la estrategia que, según sus declaraciones, terminó afectando la operación financiera de la entidad.
“No fue recurso público, eso ya está totalmente demostrado”, insistió González durante la entrevista, al defender la legalidad de las operaciones cuestionadas.
Las declaraciones se producen después de que la UIAF remitiera a la Fiscalía información para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la administración de Coosalud, incluyendo presuntos desvíos de recursos y manejos financieros que podrían comprometer a integrantes de su junta directiva.
González Montaño negó que haya utilizado recursos de la salud para beneficio personal o que haya enviado dinero al exterior, y sostuvo que hasta el momento no se le ha demostrado ninguna conducta de ese tipo.
La controversia queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si las operaciones financieras señaladas por la UIAF se ajustaron a la ley y si existieron o no irregularidades en el manejo de los recursos relacionados con Coosalud.
Mientras tanto, el presidente de la EPS intervenida mantiene su defensa y asegura que los cuestionamientos están relacionados con decisiones financieras que, según su versión, buscaban garantizar la estabilidad de la entidad y que posteriormente se vieron afectadas por la intervención estatal.
