El documento, basado entre otras fuentes en investigaciones de la Defensoría del Pueblo, señala que al menos 1.500 menores habrían sido reclutados desde 2021, con un aumento significativo de los casos a partir de 2023.
Según el organismo internacional, las disidencias de las extintas FARC estarían detrás de la mayoría de los casos denunciados. El Cauca aparece como uno de los territorios más afectados, al concentrar más de la mitad de los casos documentados.
La situación genera especial preocupación por la edad de las víctimas y por el impacto que tiene sobre comunidades históricamente golpeadas por la violencia. El informe señala que los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados, pese a que los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 4 % de la población colombiana.
Además, más del 30 % de los menores reclutados tenían entre 10 y 14 años, una circunstancia que, de acuerdo con HRW, puede configurar un crimen de guerra bajo el derecho internacional cuando se presenta en el contexto correspondiente.
“Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, al advertir sobre la falta de protección efectiva frente a este fenómeno.
El organismo también puso la lupa sobre las nuevas estrategias utilizadas por las estructuras armadas para captar menores. Los investigadores analizaron más de 70 cuentas y alrededor de 40 publicaciones en plataformas como Facebook y TikTok que, según el informe, glorificaban la pertenencia a grupos armados o invitaban a los usuarios a incorporarse a estas organizaciones.
HRW indicó que informó sus hallazgos a Meta y ByteDance, compañías responsables de Facebook y TikTok, respectivamente. Las plataformas señalaron que sus políticas prohíben contenidos que promuevan o apoyen organizaciones violentas y que cuentan con mecanismos para retirar este tipo de publicaciones.
El informe también cuestiona la respuesta institucional frente a los menores que logran salir de los grupos armados. HRW sostiene que los mecanismos de recuperación y reintegración no se han adaptado a las nuevas dinámicas de violencia y que existen diferencias en la atención dependiendo del tipo de organización que haya reclutado al menor.
De acuerdo con el documento, los niños reclutados por grupos considerados parte del conflicto armado pueden acceder a programas especializados y a reparaciones, mientras que aquellos utilizados por organizaciones delictivas que no son consideradas partes del conflicto pueden terminar bajo esquemas diferentes, incluyendo programas generales de atención o incluso procesos penales.
La organización internacional considera que esta diferenciación deja vacíos en la protección de los menores y advierte que las autoridades deben fortalecer las estrategias de prevención, atención y reparación.
El panorama descrito por Human Rights Watch vuelve a poner en el centro del debate la situación de los menores en regiones donde las estructuras armadas mantienen control territorial y capacidad de reclutamiento. Para el organismo, enfrentar esta problemática requiere una respuesta estatal más efectiva y adaptada a las nuevas formas de violencia, además de mayores controles sobre los mecanismos utilizados para captar menores a través de las redes sociales.
