La funcionaria aseguró que la nueva administración encontró un crecimiento significativo en el número de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo que decidió revisar uno por uno para establecer si el aumento respondió a necesidades reales de la entidad y si los recursos públicos se tradujeron en resultados concretos para los niños, adolescentes y familias atendidos por el ICBF.
Según las cifras presentadas por Restrepo, entre 2022 y 2024 este tipo de contratación pasó de 6.427 a 9.795 contratos.
La directora calificó el incremento como “tremendamente preocupante” y señaló que durante ese periodo también se habría presentado un aumento del presupuesto de la entidad, que pasó de cinco a ocho billones de pesos.
Sin embargo, Restrepo aclaró que el crecimiento en el número de contratos no constituye, por sí mismo, una prueba de irregularidades. Precisamente por eso, la administración decidió realizar una revisión detallada para determinar qué había detrás de ese incremento.
“Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados”, explicó.
La revisión busca responder varias preguntas: ¿por qué aumentó la contratación?, ¿cuántos contratos eran realmente necesarios?, ¿qué actividades fueron desarrolladas?, ¿qué productos fueron entregados?, ¿cuánto dinero recibió cada contratista? y, finalmente, ¿qué recibió el ICBF a cambio de esos recursos?
Restrepo aseguró que el proceso no se quedará en una revisión interna y prometió divulgar los hallazgos.
“Colombia va a saber lo que encontremos. Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada”, afirmó.
La advertencia abre la puerta a que algunos contratos de la administración anterior puedan terminar bajo revisión de los organismos de control si durante el análisis aparecen inconsistencias o posibles irregularidades.
También revisarán el manejo de las regionales
La directora del ICBF puso sobre la mesa otro asunto relacionado con la estructura territorial de la entidad.
De acuerdo con Restrepo, de las 33 regionales del Instituto, 17 estaban a cargo de madres comunitarias. La funcionaria cuestionó las circunstancias en las que se produjeron esas decisiones y llamó la atención sobre el manejo de recursos que, según indicó, superaría los $6 billones.
“¿Cómo las escogieron? ¿Por qué las pusieron a firmar? Más de 6 billones de pesos manejaban esas madres comunitarias”, cuestionó.
A partir de este panorama, la directora planteó una pregunta de fondo: si el aumento de los recursos y de la contratación realmente significó una mejora en la atención que reciben los beneficiarios del ICBF.
“¿Dónde está mejorando la atención? ¿Sienten que la atención está mejorando? ¿Sienten que en esas regionales hay una mejoría y una satisfacción? ¿Y un bienestar? Porque esto se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, manifestó.
La nueva administración pretende establecer, por tanto, no solo cómo se gastaron los recursos, sino cuál fue el impacto real de ese gasto.
Los contratos podrían llegar a los organismos de control
Restrepo enfatizó que la revisión no significa que todos los contratos celebrados durante el gobierno anterior sean irregulares.
La directora aseguró que quienes hayan cumplido con sus obligaciones y hayan demostrado resultados podrán continuar vinculados a la entidad.
“Quienes trabajan, cumplen y le aportan al ICBF pueden estar tranquilos. Seguirán prestando sus servicios. Quienes no, no”, sostuvo.
No obstante, si en el proceso de revisión aparecen elementos que puedan constituir faltas administrativas, fiscales o delitos, la información será trasladada a las autoridades competentes.
Entre las entidades que podrían recibir esos hallazgos están la Contraloría, la Procuraduría y, cuando corresponda, la Fiscalía General de la Nación.
El anuncio deja así varios interrogantes abiertos: ¿qué contratos serán revisados?, ¿cuáles fueron sus objetos y beneficiarios?, ¿cuánto dinero se ejecutó?, ¿qué productos fueron entregados?, ¿hubo contratos que no respondieran a necesidades reales? y, sobre todo, ¿el aumento de la contratación produjo mejores resultados en la protección de la niñez?
La administración de Carolina Restrepo asegura que la respuesta estará en los documentos y en la ejecución de cada contrato.
Por ahora, la promesa es clara: contrato por contrato, peso por peso y resultado por resultado, el ICBF buscará establecer qué ocurrió durante los años anteriores y hacer públicos sus hallazgos.
