Las dos demandas del Ministerio de las TIC las interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Ministerio de las TIC interpuso dos demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra todos los involucrados en este escándalo de corrupción, donde están incluidas las entidades bancarias Itaú y BBVA, como también con quienes considera beneficiarios del dolo que se cometió en medio del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, con el que se perdieron $70.000 millones.
Primer demanda
Tiene la finalidad de que se declare la nulidad del contrato de aporte, firmado entre el ministerio y Centros Poblados, el cual no puede ser válido al haber tenido una garantía bancaria falsa del Banco Itaú.
Lo anterior, según asegura MinTIC, bajo los argumentos de que Itaú sí es responsable de lo que pasó porque al ser una entidad financiera tan grande debe tener sistemas de seguridad que garanticen la custodia de sus activos, como, por ejemplo, las plantillas de sus pólizas, sus logos, las firmas de sus funcionarios y hasta de los dominios de sus correos electrónicos.
En este primer proceso, se reclama la indemnización de perjuicios no solo a Itaú, también aparecen nuevos nombres que no estaban involucrados en el escándalo, pero que el ministerio también considera como beneficiarios del dolo, como los de las sociedades Nuovo Security LLC – la firma que tenía domicilio en Delaware en EE.UU. y también la barranquillera Inselsa, ambas fueron las que recibieron el millonario anticipo, por ser los supuestos proveedores de Centros Poblados.
También aparecen demandados los señores Emilio Tapia, Ottomar Lascarro Torres, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque Torres, Jorge Enrique Torres Benavides y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, todos involucrados en el proceso penal que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación, por peculado, falsedad en documento público y fraude procesal.
Todas estas empresas y personas naturales, deberán responder por el monto tasado por el FUTIC en esta demanda, que asciende a $345.839 millones, incluyendo el reembolso de los $70.000 millones perdidos.
Esta cifra se calculó teniendo en cuenta varios factores: el primero y más importante es por el daño causado al Estado que dejó de percibir ingresos vía impuestos al no poder llevar internet a las zonas rurales del país que estaban establecidas en el contrato.
El segundo es por el tiempo y valor de la defensa jurídica y el tercero es por los menos puntos que ahora instalará el nuevo contratista, que recordemos es ETB, que en esa licitación ofreció 600 centros digitales menos y por eso, en ese momento, quedó en segundo lugar después de Centros Poblados.
La segunda demanda es contra la fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., que una vez empezó la ejecución del contrato, fue la encargada de revisar y aprobar el anticipo de los famosos $70.000 millones. En este caso, el ministerio considera que hubo omisión en el cumplimiento de los deberes establecidos en las normas y estándares en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Lo anterior se explica porque la fiducia del BBVA, que fue contratada por Centros Poblados, no revisó que las facturas que le entregó el contratista presentaban inconsistencias, tales como un cobro en la Florida, en EE.UU., a la empresa Nouvo Security, que en realidad tenía sede en Delaware como se confirmó en sus papeles.
Además, no se dieron cuenta que los equipos que Centros Poblados compró, los adquirió antes de empezar a ejecutar el contrato y entonces los recursos del anticipo no se podían amortizar con ese desembolso. Es decir, el BBVA nunca verificó cómo, por qué y a quién le estaba entregando la plata.
Los perjuicios reclamados en este proceso fueron tasados en $70.243 millones, que corresponden al valor de los giros efectuados por la mencionada fiduciaria, en favor de los proveedores de la Unión Temporal Centros Poblados.
La primera demanda fue interpuesta el pasado 30 de junio y la segunda, este jueves 7 de julio de 2022. Ambas están dentro de los tiempos establecidos para estos procesos que tienen dos años para caducar, desde que se cometieron los hechos.
Este medio conoció que este tema será discutido está tarde en la reunión de empalme del gobierno saliente y el gobierno entrante. Una de las preocupaciones o solicitudes que se le harán a Saul Kattan, quien lidera la comisión de empalme del sector TIC en el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, será darle continuidad al proceso para poder recuperar los recursos que se perdieron por este escándalo.
Fuentes extraoficiales le contaron a Sigue La W que, una de las personas que integra ese equipo de empalme, la señora Isabel de Ávila, estaría sonando para ocupar el cargo de secretaria general del ministerio. Para muchos conocedores del sector, es muy preocupante que eso pase porque ella es actual pareja del señor Jorge Pino Ricci, quien en su momento fue abogado de Centros Poblados.
La Fiduciaria fue contratada únicamente para recibir los recursos y hacer los pagos, a las personas y de acuerdo con las instrucciones del MINTIC, que se cumplieron estrictamente, de tal forma que no hay irregularidades en la debida diligencia, ni en la actuación de la Fiduciaria, como está demostrado en todas las actuaciones judiciales adelantadas hasta la fecha.
La Fiduciaria contestará la demanda y para el efecto, integró un equipo de defensa dirigido por Servicios Jurídicos de BBVA en Colombia, con la participación de los reconocidos abogados Ramiro Bejarano Guzmán, Mauricio Pava Lugo, Jorge Pinzón Sánchez y Rafael Acosta Chacón.
Vía W
