La candidata al Senado Olga Lucía Caro Jácome aseguró este viernes que la transición energética en Colombia atraviesa un obstáculo estructural: la fragilidad institucional que, según afirmó, afecta al sector minero-energético.
Durante un pronunciamiento público, Caro sostuvo que el país necesita “menos discursos moralistas y más ejecución técnica”, al referirse a la paralización de proyectos estratégicos y al crecimiento de la minería ilegal en distintas regiones. “No necesitamos más discursos moralistas; necesitamos ejecución técnica, planeación y métricas claras que garanticen energía para el desarrollo y estabilidad para los colombianos”, expresó.
Sector clave para la economía
La aspirante recordó que el sector minero-energético aporta entre el 15 % y el 25 % de las exportaciones nacionales, además de ser un pilar para la seguridad energética y la presencia del Estado en territorios complejos. Sin embargo, advirtió que la transición hacia energías renovables se ha intentado impulsar sin resolver primero problemas estructurales de gobernanza.
Según Caro, esta situación ha derivado en bloqueos de proyectos, pérdida de inversión y un aumento en la inseguridad energética. También cuestionó la lentitud de los procesos de licenciamiento ambiental, que —indicó— pueden tardar entre cinco y diez años, así como la inseguridad jurídica y la desconexión entre las decisiones del nivel central y las realidades territoriales.
“Se cierra la puerta a la minería formal, pero la ilegal ocupa el territorio; se promueven renovables, pero sin infraestructura de respaldo. Eso no es transición, eso es improvisación”, afirmó.
Propuestas para una transición ordenada
Frente a este panorama, Caro planteó una agenda que, de llegar al Congreso, impulsaría desde el Senado:
Hoja de ruta técnica a 15-20 años, que defina qué actividades pueden sustituirse de inmediato y cuáles requieren una transición gradual.
Fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con más evaluadores técnicos, plazos definidos y digitalización de trámites.
Control prioritario de la minería ilegal, protegiendo el empleo formal y la inversión.
Infraestructura antes que discurso, acelerando redes de transmisión y sistemas de almacenamiento energético.
Impulso a la explotación legal de minerales críticos necesarios para la transición energética.
Resultados medibles, con indicadores claros en seguridad energética, eficiencia, legalidad y estabilidad tarifaria.
“Lo que no se mide, no se gobierna. Prometer es fácil, mostrar resultados es lo que haremos desde el Senado”, concluyó la candidata, reiterando que su compromiso es garantizar que la transición energética no represente un riesgo para la economía, el empleo ni la estabilidad territorial del país.
