La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace con el Congreso, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Benavides fue imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo, tras hallarse evidencia que la vincularía con presuntas gestiones irregulares realizadas entre octubre de 2023 y marzo de 2024.
De acuerdo con el ente acusador, durante ese periodo Benavides habría recibido instrucciones para admitir propuestas contractuales de senadores y representantes a la Cámara miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de asegurar su apoyo en la aprobación de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio ante el Congreso.
Los contratos en cuestión estarían relacionados con proyectos de obra en Cotorra (Córdoba) por $44.552 millones, Saravena (Arauca) por $32.500 millones, y en el corregimiento de El Salado del Carmen de Bolívar (Bolívar) por $12.353 millones.
Según la Fiscalía, Benavides habría participado en una reunión donde se solicitó al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, adelantar los trámites de contratación para favorecer a los parlamentarios implicados. Además, habría facilitado al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, los nombres de los funcionarios locales y contratistas señalados por los congresistas para viabilizar los proyectos.
Estas presuntas gestiones habrían derivado en el respaldo legislativo a las operaciones de crédito público, cerrando así un ciclo de posibles intercambios de favores con recursos estatales.
El caso sigue en etapa de investigación y forma parte del amplio entramado de presunta corrupción que ha salpicado a varios funcionarios públicos y legisladores en el país.
