En total siete guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, fueron detenidos por ofrecer domicilios con drones en la prisión de mediana y máxima seguridad Tramacúa, del departamento de Valledupar, según informó la Fiscalía General de la Nación.
La operación quedó al descubierto por un error de cálculo: el dron aterrizó en el pabellón equivocado. Como resultado, los guardias del INPEC ahora se encuentran del otro lado de las rejas con sus antiguos clientes.
Al parecer, los guardias entregaban hamburguesas, arroz chino; botellas de licor, marihuana, y hasta tarjetas SIM para celulares. La investigación de la Fiscalía arrojó que los siete imputados generaban una renta mensual de casi $36 millones de pesos.
Según el análisis de InSight Crime, portal de investigación sobre crimen organizado en América Latina, en el último tiempo los sistemas penitenciarios de Colombia y la región han sido protagonistas de «numerosos escándalos de corrupción».
Ha quedado en evidencia que los funcionarios extorsionan y cobran a los reclusos por beneficios, y aceptan sobornos. También que se las ingenian para burlar los controles. Pero el uso de drones para hacer despachos al margen de la ley, «sienta un precedente más exótico», aseguran los expertos de InSight Crime.
Entre los factores que influyen en que los guardias penitenciarios comentan este tipo de delitos, están los «magros salarios» que perciben —en promedio entre 208 y 625 dólares al mes según el portal—; un inadecuado proceso de selección del personal; la temprana edad a la que entran a la institución y su inexperiencia. A esto se le suman las largas jornadas de trabajo, que podían ser de hasta 24 horas seguidas.
