El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago Arango, denunció que encontró alrededor de 1.500 contratistas en la entidad, algunos de los cuales, según afirmó, viven en ciudades como Sídney, Australia, y París, Francia.
La declaración se produjo durante el Congreso de Camacol, realizado en Cartagena, donde representantes del Gobierno, el sector constructor y analistas discutieron asuntos relacionados con el desarrollo del país.
Buitrago cuestionó la contratación de personas cuyos servicios, según su planteamiento, no representan un aporte efectivo al funcionamiento del Estado. El funcionario calificó la situación como una “herencia mala” y sostuvo que el Gobierno no pretende mantener puestos que considere innecesarios.
“No al empleo militante”, expresó el director de Planeación, quien también afirmó que el Estado no puede “cargar con corbatas”, en referencia a los cargos y contratos que, a su juicio, no cumplen una función útil.
Los contratos, bajo revisión
La revisión de los vínculos contractuales forma parte de la discusión que el Gobierno adelanta para construir el Plan Nacional de Desarrollo del próximo cuatrienio. De acuerdo con Buitrago, uno de los objetivos es identificar y eliminar empleos inoficiosos financiados con recursos públicos.
La denuncia abre preguntas sobre la cantidad de contratos existentes en el DNP, las funciones asignadas a esas personas y los resultados que producen para la entidad. También queda por establecer bajo qué condiciones fueron vinculados los contratistas que, según el funcionario, residen fuera de Colombia.
El hecho de que una persona viva en el exterior no demuestra por sí solo que su contrato sea irregular o que no cumpla sus obligaciones. Para determinarlo sería necesario conocer el objeto contractual, los productos entregados, las condiciones de ejecución y los controles aplicados por la entidad.
Por ahora, la información divulgada no identifica a los contratistas mencionados ni detalla cuántos contratos serían considerados innecesarios o cuánto dinero público representan.
La propuesta del Gobierno apunta a incluir cambios en el Plan Nacional de Desarrollo para evitar que se destinen recursos a vinculaciones que no justifiquen su utilidad. El alcance de esa transformación dependerá de los resultados de las revisiones y de las medidas concretas que se adopten.
